El régimen de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 25 ONG, incluidas una asociación de periodistas, una ambientalista y otras defensoras de las mujeres, de los indígenas y de derechos humanos, informó este jueves el Poder Legislativo.
Daniel Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, han ilegalizado al menos 87 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018.
El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros y números perpetuos de seis ONG estadounidenses y seis europeas.
La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista, incluyó la nueva iniciativa en la orden del día de este jueves, por lo que está previsto que sea presentado ante el plenario.
Las ONG son la Asociación Operación Sonrisa de Nicaragua, la Asociación de Periodistas de Nicaragua Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y el ambientalista Centro Alexander Von Humboldt para la Promoción del Desarrollo del Territorio y la Gestión del Ambiente (Centro Humboldt).
También la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia, Fundación para la Libertad, y Asociación Voces Vitales de Nicaragua.
Además, Fundación Ágora Parneships, Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, Asociación Civil Emprendedores Juveniles de Nicaragua, Asociación Club Harvard de Nicaragua, Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, y Club Social de Matagalpa.
Asimismo, Fundación Cruzada Ciudadana por la Democracia, Fundación Kolping-Nicaragua, Fundación Instituto para Observación para la Democracia y los Derechos Humanos, Asociación Civil Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (Fobeca), Asociación Fondo de Desarrollo Local, y Asociación Foro de Mujeres de Nicaragua.
Las otras son Asociación Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, Asociación Centro Cristiano de Derechos Humanos, y Asociación Centro de Prevención de Violencia.
Según la dictadura, esas 25 ONG no han reportado sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final).
Además, argumentó, no han reportado sus juntas directivas, lo cual viola la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.
Por tanto, se dispuso cancelar la inscripción de esas 25 ONG en un plazo no mayor de 72 horas.
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