El líder de Nicaragua, Daniel Ortega, quitó este viernes los poderes a su ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, a quien Estados Unidos sancionó la semana pasada, por ayudar al mandatario nicaragüense a «reprimir y desmantelar las instituciones democráticas» en el país centroamericano.
Aunque Acosta se mantiene en su cargo, su firma ya no tendrá ningún valor, de acuerdo con la información publicada por la Presidencia de Nicaragua en La Gaceta, diario oficial.
Como estrategia para evitar una paralización del aparato gubernamental y a la vez no destituir a Acosta, Ortega decidió otorgar las responsabilidades del titular al nuevo viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría Montenegro, quien hasta ahora ocupaba el cargo de secretario de Administración Financiera del Ministerio.
Según La Gaceta, Chavarría Montenegro tendrá como competencia “la firma de todos los documentos relacionados a la administración de las finanzas públicas” de Hacienda, de “los documentos necesarios para los desembolsos de fondos nacionales y extranjeros, así como los derivados de la suscripción y la ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional”.
Como parte de la anulación de los poderes de Acosta, este también fue destituido de su cargo como representante de las acciones de capital de la empresa semiestatal de distribución eléctrica, Disnorte-Dissur, y en su puesto fue nombrado el abogado Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine.
El pasado día 22 Washington anunció un paquete de sanciones económicas contra Acosta, por “haber coordinado las financias del régimen para dar prioridad a la represión, evitar reformas democráticas y la toma de responsabilidad por violaciones de derechos humanos”.
Junto con Acosta fue sancionado el jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, Julio César Avilés, por su «apoyo» a los grupos paramilitares que agredieron a quienes comenzaron a manifestarse contra Ortega en abril de 2018, y que han dejado cientos de muertos, presos o desaparecidos, y más de 100,000 exiliados.
Contrario a Acosta, Avilés no ha sido removido de su cargo ni se le han restado facultades.
Acosta y Avilés forman parte de un grupo de más de 20 familiares, allegados, y socios comerciales de Ortega, así como funcionarios y empresas, más la estatal Policía Nacional, que han recibido sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Esta semana, varios senadores de Estados Unidos solicitaron formalmente a la Administración de Donald Trump que amplíe las sanciones a miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Dichas sanciones tienen como característica que son aplicadas directamente a personas o a empresas, por lo que los países emisores sostienen que no afectan a Nicaragua como país.
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