Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo serán investidos este lunes 10 de enero para un nuevo período en la presidencia y vicepresidencia de Nicaragua acompañados de sus aliados ideológicos, pero faltarán los jefes de Estado y gobierno de gran parte de la comunidad internacional que han declinado asistir al evento.
La investidura cierra el proceso que comenzó con los polémicos comicios de noviembre pasado, calificados como «farsa» y faltos de legitimidad.
Ortega, quien retornó al poder en 2007, será juramentado para cinco años más como presidente de la nación centroamericana, lo que significa que liderará al país hasta el 2027. De concretarse el plazo, pasará 20 años consecutivos en el poder.
La crisis en Nicaragua se agudizó tras las protestas contra Ortega en 2018. Varios intentos de diálogo nacional se interrumpieron desde entonces.
Presión internacional
Ortega asume otro periodo bajo la presión internacional que ha crecido después de que encarceló a la mayoría de sus opositores, algunos de ellos precandidatos presidenciales para facilitar su camino a la reelección. Incluso puso tras las rejas a antiguos compañeros de armas del Frente Sandinista de Liberación Nacional que hoy se le oponen.
La misma presión ha obligado a que varios países de la región decidieran no asistir a la investidura. Entre estos está Argentina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que enviará delegación pero no es claro qué nivel tendrá la comitiva.
«Tenemos buenas relaciones con todos» los países», dijo López Obrador en su conferencia del lunes en la mañana.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, cuestionó al presidente mexicano Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter por haber anunciado una comitiva.
“¿Cómo es posible que México avale esta farsa construida sobre la base de una represión?”, dijo Vivanco.
Previamente, el jefe de la Oficina de la Cancillería mexicana, Daniel Millán, indicó que no enviarían a ningún representante a la inauguración de Ortega.
Argentina tampoco asistirá al evento en Managua, según informó el diario El Clarín. El anuncio causó revuelo después de que el presidente Alberto Fernández asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe (CELAC), con el apoyo del gobierno de Daniel Ortega.
“De parte de Argentina, solo asistirán partidos políticos pro dictadura de forma independiente, pero el gobierno no enviará una representación oficial. Eso es lo importante”, expresó el activista de derechos humanos Agustín Antonetti.
Los nicaragüenses exiliados han pedido a la comunidad internacional que desconozca este mandato de Ortega.
Ante este panorama, Ortega contará con delegaciones de naciones aliadas, que han sido señaladas por violar derechos humanos, como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Bielorrusia, entre otros.
Exiliados temerosos
Desde el exilio, el nuevo período de Ortega es visto como una amenaza. Francisca Ramírez, una líder del Movimiento Campesino asegura que esto es garantía “que el desplazamiento forzoso va a continuar”.
“Hoy (domingo) casualmente fueron secuestrados varios campesinos; la persecución sigue hacia el campesino. Si Ortega sigue en el poder va a haber más muertos, más secuestros, más desapariciones y es por eso que hoy demandamos coherencia a la comunidad internacional, porque Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad y por eso venimos a manifestarnos”, dijo Ramírez a la Voz de América durante una vigilia celebrada en la Plaza de la Democracia en Costa Rica.
Ramírez salió de Nicaragua hace más de dos años por temor a ser encarcelada y hoy vive en una finca en Costa Rica alejada del bullicio de la ciudad, sin embargo anhela retornar a Managua para continuar su lucha por los derechos humanos.
“Somos seres humanos que necesitamos el retorno de la democracia, pero no como las elecciones que hizo el 7 de noviembre. Buscamos unas elecciones libres, transparentes. Nicaragua es un país que está secuestrado, es una dictadura que se impone por las armas”, agregó la activista.
La excomandante guerrillera Mónica Baltodano, quien luchó junto a Ortega para derrocar al gobierno de Anastasio Somoza en la década de 1970, también ve con preocupación un nuevo mandato del oficialismo.
Asegura que la victoria electoral de Ortega tiene ninguna legitimidad “porque lo que se celebró el 7 de noviembre fue prácticamente, no sólo una farsa, sino una mentira”.
“No hubo verdadera competencia electoral, no se llenaron los mínimos para ser considerada una contienda y porque obviamente siete presos políticos que eran precandidatos, por cualquiera de ellos la gente estaba dispuesta a ir a votar para garantizar que se terminara la dictadura. La gente no salió a las calles, fue una demostración de resistencia. Entonces, ¿qué legitimidad puede tener? Y los Gobiernos del mundo así lo han confirmado con su repudio a esa farsa”.
De igual forma pidió la liberación de sus compañeros exguerrilleros, como Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco, quienes se encuentran en prisión y son acusados de supuesta traición a la patria.
“El régimen se ha ensañado de manera particular en ellos. Los tienen aislados y es una forma de tortura permanente”, dice al respecto.
En el caso de Hugo Torres, la exguerrillera manifestó su preocupación, pues indica que este fue sacado de la celda antes de las fiestas de Navidad. “Se sabe que está hospitalizado pero el régimen no da ninguna información. Hay un cierre absoluto, hay un ensañamiento particular contra los que provenimos del sandinismo, eso está clarísimo”, indica.
Baltodano se encuentra exiliada en Costa Rica tras vivir varios meses en la clandestinidad por temor a ser detenida al igual que sus excompañeros guerrilleros y asegura que entre Ortega y Somoza “hay muchas similitudes”.
Según ella, Somoza estuvo 40 años y al final de su mandato “se convirtió en un genocida”, pero “aun así siempre tuvimos posibilidades de manifestarnos, de hacer huelga, de manifestarnos en las calles”.
“De alguna manera, este régimen, en este momento de la historia, es un régimen más represor que el Somoza antes de las insurrecciones. Lo que hace Ortega es perseguir a un pueblo que ha decidido la vía cívica y pacífica. Hay una diferencia fundamental que no se puede dejar de señalar. En ese sentido, Ortega tiene rasgos más represivos que los del mismo Somoza”, enfatizó.
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