La orden de vacunación contra COVID-19 del gobierno de Joe Biden para las empresas privadas de Estados Unidos podría ajustarse eliminando la opción de pruebas de detección del virus, según la agencia que elaboró el requisito.
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo dio a conocer esta semana una norma temporal de emergencia que obliga a las empresas con 100 o más trabajadores a exigir a sus empleados un comprobante de vacunación contra COVID-19. Cualquier trabajador que no lo haga deberá someterse regularmente a las pruebas de detección de COVID-19, al menos semanalmente.
La norma entró en vigor de inmediato, pero también sirve como una propuesta de regla permanente, lo que significa que podría ser modificada.
En las 490 páginas de la norma hay una sección sobre cómo el público puede presentar comentarios sobre el texto propuesto. En ella, la agencia deja claro que la cláusula de las pruebas de detección del virus como opción en vez de la vacunación podría eliminarse.
«¿Debería OSHA imponer una orden de vacunación estricta (es decir que todos los empleadores deben aplicar políticas de vacunación obligatorias tal y como se definen en esta norma temporal de emergencia) sin opción de un requisito alternativo?», preguntó la agencia.
«OSHA busca información sobre las políticas de vacunación contra COVID-19 que los empleadores han implementado para proteger a los trabajadores», agregó.
La administración Biden utilizó la existencia de la opción de las pruebas de detección del virus en vez de la vacunación para argumentar de que se trata de una norma y no de una orden.
Los críticos dicen que la orden en sí es un problema incluso si se mantiene la opción de las pruebas de detección del virus.
«La norma temporal de emergencia (ETS) de OSHA es un desastre incluso con la opción de las pruebas de detección ya que no se trata de mantener a los estadounidenses a salvo de un virus, sino del control», dijo a The Epoch Times la representante Virginia Foxx (R-N.C.), principal republicana de la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes, en una declaración enviada por correo electrónico.
«La administración Biden quiere perpetuar esta pandemia para poder continuar con su toma de poder de una vez por todas, única en el siglo. Pero sabemos que el pueblo estadounidense no aceptará otro de los oscuros inviernos del presidente Biden o una pandemia permanente, ellos quieren la libertad de tomar sus propias decisiones sobre la atención sanitaria y trabajar en sus puestos de trabajo sin el acoso de los burócratas de Biden», añadió.
Un portavoz de la congresista Elise Stefanik (R-N.Y.), presidenta de la Conferencia Republicana, dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que la congresista está en contra de la normativa y también de la eliminación de la opción de pruebas de detección porque eliminaría la flexibilidad.
Stefanik calificó la orden de «inconstitucional, ilegal y una toma de poder autoritaria», según su declaración.
«La orden de Biden sobre las vacunas es una tontería. El país tiene escasez de mano de obra, los precios se disparan y las líneas de suministro están atascadas, pero esta administración se centra en cambio en el control de las empresas y en la imposición de dictados escandalosos en las empresas privadas. Esta orden no hará más que perpetuar las crisis actuales a las que se enfrenta nuestro país», añadió el representante Joe Wilson (R-S.C.).
La orden no tardó en ser impugnada en los tribunales y algunos miembros del Congreso presentaron leyes para anularla, como la Ley de Revisión del Congreso, del diputado Fred Keller (R-Pa.); y la Ley de Justicia para Todas las Empresas, del diputado Madison Cawthorn (R-N.C.).
Los funcionarios de la administración Biden afirman que la orden es legal en virtud de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
«Se trata de una facultad que el Congreso otorgó a OSHA a través de una ley que lleva más de 50 años en vigor», declaró el viernes Karine Jean-Pierre, principal vicesecretaria de prensa de la Casa Blanca, dirigiéndose a los periodistas en Washington.
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