Diez estados se han sumado a la demanda en curso del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que acusa a Live Nation Entertainment y a su filial, Ticketmaster, de incurrir en conductas ilegales y contrarias a la competencia en los acuerdos en torno a sus conciertos.
El 19 de agosto se presentó en el Distrito Sur de Nueva York una demanda modificada por el DOJ, que eleva a 41 el número total de demandantes. Este número incluye el Distrito de Columbia, el DOJ y 39 estados, incluidos los 29 que se unieron a la demanda inicial en mayo.
En la demanda de mayo, el fiscal general Merrick Garland acusó a la empresa de entretenimiento de aumentar los costes tanto para los fans como para los artistas.
«Alegamos que Live Nation se basa en una conducta ilegal y anticompetitiva para ejercer su control monopolístico sobre la industria de los eventos en vivo en Estados Unidos a costa de los fans, los artistas, los promotores más pequeños y los operadores de locales», afirmó.
«El resultado es que los aficionados pagan más, los artistas tienen menos oportunidades de dar conciertos, los pequeños promotores se ven expulsados y las salas tienen menos opciones reales de servicios de venta de entradas. Es hora de disolver Live Nation-Ticketmaster».
Live Nation calificó de «absurdas» las alegaciones del DOJ y ha pedido al juez neoyorquino Arun Subramanian que desestime la demanda por varias razones, entre ellas que la jurisprudencia niega la alegación de que su conducta sea ilegal. En su opinión, las alegaciones relacionadas con el estado son «endebles», se han presentado de forma inadecuada y se refieren a reclamaciones que han prescrito.
Un portavoz de Live Nation dijo a Reuters que, en opinión de la empresa, la demanda «sigue sin resolver los problemas que preocupan a los fans en relación con el precio de las entradas, las tarifas de servicio y el acceso a espectáculos bajo demanda».
«Esperamos compartir más datos a medida que avance el caso», dijo el portavoz.
Según el DOJ, la empresa estableció contratos de exclusión con locales, restringió el acceso de los artistas a los locales y adquirió amenazas competitivas, entre otras cosas.
Sus acciones infringieron la legislación federal, además de las leyes antimonopolio estatales de Texas, Virginia, Tennessee, Carolina del Sur, Rhode Island y Utah, entre otras, según alega la demanda modificada.
El 19 de agosto se unieron a la demanda los fiscales generales de Vermont, Luisiana, Misisipi, Indiana, Kansas, Iowa, Dakota del Sur, Nebraska, Nuevo México y Utah.
Alcance de la demanda
El DOJ solicita al juez un juicio con jurado, así como supuestos remedios para poner fin a la conducta anticompetitiva. Más concretamente, los demandantes solicitan sanciones civiles o el decomiso civil para los distintos estados implicados, así como la desinversión de Ticketmaster en Live Nation Entertainment, de la que es filial.
Ticketmaster Entertainment, Inc. y Live Nation, Inc. se fusionaron para formar Live Nation Entertainment en 2010 con la aprobación del DOJ.
Según la última denuncia del DOJ, los ingresos globales de Live Nation alcanzan los 22,000 millones de dólares al año, con 18,800 millones en ingresos por conciertos en 2023.
La compañía «posee, opera, alquila, tiene participación en el capital o tiene derechos exclusivos de reserva o una influencia significativa sobre 373 lugares a nivel mundial y más de 265 en América del Norte», dice la denuncia.
«Esto incluye más de 60 de los 100 principales anfiteatros de Estados Unidos que Live Nation posee o controla a través de arrendamientos a largo plazo, o para los que tiene el derecho exclusivo de determinar quién actúa en el lugar».
La demanda sigue a una investigación del Departamento de Justicia sobre las prácticas de la empresa de venta de entradas después de que el año pasado fans de la cantante Taylor Swift presentaran una demanda colectiva contra Ticketmaster y Live Nation tras no poder conseguir entradas para la gira «The Eras Tour» de la estrella del pop.
En la demanda, alegaban que Ticketmaster tenía un monopolio tan grande sobre la venta de entradas que, cuando su sitio web se colapsó debido a la gran demanda, no pudieron conseguir entradas para el concierto.
Swift respondió calificando la situación de «atroz». Ticketmaster emitió una disculpa por el desastre, y la demanda se retiró en agosto de 2023.
El Departamento de Justicia está llevando a cabo múltiples demandas antimonopolio, con una serie de estados que respaldan los esfuerzos federales. Según el DOJ, cada demanda civil alega violaciones de la Sección 2 de la Ley Antimonopolio Sherman, que prohíbe la adquisición o el mantenimiento del poder de monopolio a través de medios indebidos.
El DOJ y varios estados acaban de obtener una victoria al alegar que Google infringió la legislación antimonopolio en sus prácticas de búsqueda y de mercado de publicidad de búsqueda. Mientras tanto, está llevando a cabo otra demanda contra Apple con el apoyo de 15 estados y el Distrito de Columbia.
Con información de Reuters y Alice Giordano
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