Los padres de los 43 estudiante desaparecidos hace 7 años y 11 meses en el sureño estado mexicano de Guerrero aseguraron este viernes que seguirán buscando a sus hijos con vida hasta que haya pruebas «objetivas, científicas e indubitables» de que están muertos, como da por hecho el informe presentado la semana pasada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
«Seguiremos con la exigencia de presentación con vida de los 43. No podemos claudicar en la lucha hasta no tener prueba plena que indique su paradero. Sería doloroso para nuestras familias saber de su destino sobre todo si es sin vida, pero si nos dan prueba objetiva, científica e indubitables, nos iremos a casa llorando y vivir nuestro duelo», leyeron en un pronunciamiento tras la marcha que hacen el 26 de cada mes en la capital mexicana.
Los padres también expresaron que el informe abre rutas de investigación, de búsqueda y de ejercicio de la acción penal «que las autoridades competentes deben seguir y agotar».
Consignas bajo la lluvia
Los padres, junto a estudiantes de la normal (escuela de maestros) de Ayotzinapa, caminaron desde el emblemático Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, donde leyeron su posicionamiento bajo una incesante lluvia que no paró desde el principio hasta el final de la jornada de protesta.
A pesar del clima, las familias y los estudiantes caminaron y gritaron, con su particular entonación, consignas como «Ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento».
«Lo que nos mantiene unidos es la presentación con vida de nuestros hijos, amamos a nuestros hijos, los extrañamos, por eso estamos aquí en pie de lucha. Seguimos exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos», dijo en entrevista con Efe Cristina Bautista, madre de Benjamín Asensio Bautista, uno de los estudiantes desaparecidos.
El comunicado que leyeron constituye la primera reacción pública por parte de los padres de los estudiantes después de que el jueves de la semana pasada la comisión publicara un reporte en el que da por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014.
Además, también concluyó que lo sucedido aquella noche fue un «crimen de Estado».
Avance en el camino hacia la justicia
De la publicación del reporte derivó la detención de Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
Murillo Karam fue procesado el miércoles por dichos delitos y le fue ratificada la prisión preventiva justificada.
Sobre esto, los padres declararon que la detención y vinculación del exprocurador representa un avance en el camino del acceso a la justicia, ya que él fue uno de los arquitectos de la llamada «verdad histórica», una versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
«De haberse explorado otras líneas de investigación a escasos días de la desaparición el éxito de saber su paradero pudo haber sido más objetivo, sin embargo, la acción criminal y humana de este señor y otros funcionarios lo impidieron», establecieron los padres de los 43.
Por ello, abundaron, es importante no dejar impune la actuación ilegal de tales funcionarios, «por lo que estaremos pendientes del proceso penal que se le sigue a esta persona (Murillo Karam)».
Cristina Bautista aseguró que el caminar ha sido muy difícil: «Llevamos 7 años y 11 meses, falta un mes para que se cumplan ocho años. Imagínese tanto sufrimiento, tanto desvelo, tanta preocupación», lamentó.
La mañana de este viernes, el Gobierno mexicano negó que haya un uso político del informe que presentó hace una semana la Comisión.
«Una de las afirmaciones que se han hecho frecuentemente del informe es que esta es una posición política del Gobierno, y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación», declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, en la conferencia diaria del Gobierno.
El subsecretario reconoció que hay un «contenido político», pero consiste en «esclarecer un crimen de Estado».
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