Los padres de cuatro estudiantes de escuelas públicas de San Diego interpusieron una demanda en una corte federal por la exigencia del distrito escolar local de obligar a los estudiantes mayores de 16 años a vacunarse contra el virus del PCCh que causa la enfermedad COVID-19.
La junta del Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD, por sus siglas en inglés) impuso por primera vez el mandato ante las protestas de los padres en septiembre del año pasado, pero luego lo retrasó, ordenando su aplicación el pasado mes de marzo. No se permiten objeciones religiosas al mandato, lo que, según los expertos jurídicos, lo hace constitucionalmente cuestionable.
La demanda legal más reciente (pdf) en el caso, Doe vs. Distrito Escolar Unificado de San Diego, archivo judicial 3:21-cv-1809, se presentó el 29 de abril en la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California.
Esta es la segunda demanda presentada por los demandantes. El 18 de febrero de este año, la Corte Suprema decidió no intervenir en la primera demanda porque el distrito escolar retrasó la aplicación de la política, informó The Epoch Times. Pero la máxima corte emitió su orden “sin perjuicio de que los demandantes soliciten una nueva orden judicial si las circunstancias lo justifican”.
Dos años después de la pandemia, casi todos los demás distritos escolares de Estados Unidos “han encontrado una manera de proteger a los estudiantes del COVID-19 sin desterrar al pequeño grupo de estudiantes con objeciones religiosas”, según la denuncia presentada recientemente.
Pero San Diego no.
«Ignorando las súplicas de miles de padres, la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de San Diego votó para hacer que la vacunación contra el COVID-19 sea un requisito para asistir a la escuela», continúa la demanda.
Y las normas del mandato son discriminatorias, afirman los padres.
En un día cualquiera, el distrito escolar exime al 85 por ciento o más de sus estudiantes, «por razones que van desde las exenciones médicas (porque podrían tener reacciones alérgicas) hasta la conveniencia administrativa (porque habían cumplido 16 años un día después de que comenzara el semestre)», afirma la demanda.
“Pero SDUSD prohíbe expresamente las exenciones para los creyentes religiosos como los Demandantes”.
Los estudiantes creyentes pueden optar por violar sus creencias religiosas o ser expulsados de la escuela, expulsados de los equipos deportivos o aislados de sus compañeros y profesores, según Paul Jonna, consejero especial de la Sociedad Thomas More Special Counsel, un bufete nacional de abogados de interés público que se enfoca en la libertad religiosa.
«Nuestros clientes tienen creencias religiosas genuinas que les impiden recibir cualquiera de las vacunas contra COVID-19 disponibles en la actualidad porque fueron fabricadas o probadas utilizando células de fetos abortados», dijo Jonna en un comunicado.
“Sin embargo, SDUSD está ignorando por completo las protecciones religiosas de nuestros clientes bajo la Primera Enmienda al exigirles que cumplan con el mandato ilegal de la vacuna, mientras que no impone el mandato a la gran mayoría de los estudiantes, y permite exenciones médicas y exenciones religiosas para el personal», dijo Jonna, que también es socio de LiMandri y Jonna LLP.
El mandato de vacunación del distrito escolar “fue inconstitucional e injustificado desde su inicio. Pero los datos disponibles ahora dejan más claro que nunca que SDUSD no tiene ninguna base, ni en la ley ni en la ciencia, para negarse a ofrecer exenciones religiosas”, dijo Jonna.
Los CDC han reconocido que los sobrevivientes de COVID-19 con inmunidad natural, como los demandantes, “pueden tener menos riesgo de reinfección que aquellos que adquirieron inmunidad solo mediante la vacunación”, establece la denuncia legal.
“El propio comportamiento del SDUSD, el comportamiento de otros distritos escolares en todo el país, la ciencia básica y el sentido común confirman que el distrito escolar no tiene un interés convincente que requiera la exclusión de los demandantes de la escuela».
Un grupo de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. bloqueó temporalmente (pdf) el mandato el 28 de noviembre de 2021, para que posteriormente el circuito completo se negara a bloquear el mandato.
Jonna también dijo que la reacción de la Corte Suprema a la petición de ayuda de emergencia a la demanda original en febrero muestra que está observando el caso y puede estar dispuesta a brindar ayuda de emergencia en el futuro.
«Buscaremos rápidamente una medida cautelar en el tribunal federal de distrito, y nuestro equipo jurídico está preparado para solicitar una medida de apelación en el Noveno Circuito y en la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario», dijo Jonna.
The Epoch Times se comunicó con el Distrito Escolar Unificado de San Diego para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta al cierre de esta publicación.
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