Los padres de Maryland no están legitimados para impugnar la política sobre transexualidad de un distrito escolar si sus hijos no son transexuales, según dictaminó un tribunal de apelaciones el 14 de agosto.
«Los padres no han alegado que sus hijos tengan planes de apoyo al género, sean transgénero o incluso estén luchando con cuestiones de identidad de género. En consecuencia, no han alegado hechos que indiquen que las escuelas públicas del condado de Montgomery dispongan de información sobre sus hijos que se esté ocultando actualmente o que exista un riesgo sustancial de que se oculte información en el futuro», escribió para la mayoría el juez de circuito Marvin Quattlebaum.
«Por tanto, según la Constitución, no han alegado el tipo de perjuicio necesario para demostrar su legitimación», añadió el juez Quattlebaum.
El juez formaba parte de un panel del Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito de EE. UU. que estudió el caso después de que los padres apelaran la desestimación de su demanda.
Los padres habían impugnado una política iniciada por el distrito escolar del condado de Montgomery en 2020 que permite la transición de los alumnos sin avisar a sus padres.
Al juez Quattlebaum se unió la jueza de circuito estadounidense Allison Jones Rushing. Ambos jueces fueron nombrados durante la presidencia de Donald Trump.
El juez del Circuito de EE. UU. Paul Niemeyer, nombrado durante la presidencia de George H. W. Bush, disintió.
«La mayoría interpreta la demanda de los padres en este caso de forma injustamente restrictiva y, por tanto, les niega la posibilidad de obtener una reparación, concluyendo que los padres no están legitimados para impugnar las directrices hasta que sepan que sus propios hijos están considerando realmente la transición de género», escribió el juez Niemeyer en su voto particular.
«Al llegar a esa conclusión, la mayoría está, en mi opinión, sometiendo innecesariamente a los padres por defecto a una política obligatoria que arrastra la discusión de las cuestiones de género del círculo familiar a las escuelas públicas sin ninguna vía de reparación por parte de los padres», añadió.
El juez Quattlebaum dijo que la disidencia sólo detallaba los daños que se producen después de que un niño se identifique como transgénero o de género no conforme, lo que no proporciona legitimación.
El abogado responde
Frederick Claybrook, abogado que representa a los padres, declaró a los medios de comunicación que la decisión era errónea.
«Los padres no tienen por qué esperar a descubrir que se ha hecho daño en secreto para poder quejarse», afirmó.
Los funcionarios del condado de Montgomery no respondieron a la solicitud de comentarios.
La demanda fue interpuesta por padres que dijeron que no sabrían si sus alumnos estaban en proceso de transición en la escuela y que podría producirse un daño irreparable antes de que se enteraran. Dijeron que la política constituía una violación de las leyes de Maryland y federales, así como de las constituciones estatal y federal.
La política en cuestión se titula «Directrices sobre la identidad de género de los alumnos en las escuelas públicas del condado de Montgomery».
La política dice que los estudiantes «tienen derecho a la privacidad», incluido «el derecho a mantener en privado su condición de transgénero o su presentación de género no conforme en la escuela».
La información sobre la condición transgénero de un alumno puede considerarse información médica confidencial y revelarla a los padres puede infringir las leyes, afirma la política. Esto se aplica incluso si los padres preguntan.
Las directrices también permiten que los empleados, independientemente de su cualificación, ayude a los alumnos a evaluar su identidad de género en un proceso que también está diseñado para mantener la información en secreto para la mayoría o todos los padres.
En el sistema se indica a los empleados que utilicen el nuevo nombre del alumno en la escuela, pero que usen su nombre de nacimiento cuando los padres estén presentes.
Esta política vulnera, entre otras leyes, la Ley de Familia de Maryland, que establece que los padres son «conjunta y solidariamente responsables» de la «manutención, cuidado, crianza, bienestar y educación» de sus hijos, según alegaron los padres en su demanda.
Los demandados del condado de Montgomery alegaron que los padres estaban equivocados en sus creencias sobre la patria potestad.
«Las alegaciones de los demandantes parten de una premisa fundamentalmente errónea, que es que los padres tienen un derecho ilimitado a dirigir el modo en que se tratará a sus hijos mientras estén en la escuela», dijeron los funcionarios del distrito en una de las demandas.
«Las directrices reconocen que muchos padres apoyarán a los niños transgénero y de género no conforme, y cuando es así, las directrices acogen con satisfacción la participación de los padres. Pero, por desgracia, no siempre es así, y algunos alumnos experimentan el rechazo de sus padres —y algo peor— cuando se les revela su identidad de género», añadieron. «Las directrices no hacen más que reconocer ese hecho y proporcionar a los educadores profesionales orientaciones sobre cómo ejercer su juicio profesional para navegar por esa compleja situación. Contrariamente a lo que afirman los demandantes, una escuela pública no está obligada legal ni constitucionalmente a revelar a un padre información que pueda poner en peligro a un alumno».
El juez de distrito Paul Grimm, nombrado durante la presidencia de Barack Obama, desestimó la demanda en 2022, lo que dio lugar a la apelación.
El juez Grimm afirmó que, dado que las directrices incluían expresiones como «las necesidades de cada estudiante deben evaluarse caso por caso», estaban diseñadas para «equilibrar cuidadosamente los intereses de los padres y de los estudiantes, fomentando la participación de los padres cuando el estudiante da su consentimiento, pero evitándola cuando el estudiante expresa su preocupación por que los padres no lo apoyen, o por que revelar su identidad de género a sus padres pueda ponerlo en peligro».
El juez dijo también que facultar a los empleados de la escuela para ocultar a los padres los expedientes de los alumnos podría infringir la normativa estatal, pero que la ley de Maryland no permitía la impugnación privada de las directrices.
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