CONDADO DE LOUDOUN, Va.—La primera reunión del consejo escolar del nuevo curso escolar se inició en el Condado de Loudoun en medio de una tensión sostenida. El 10 de agosto, decenas de padres y ciudadanos se manifestaron para expresar su desaprobación a la junta frente al edificio de la administración escolar. Más de 170 personas se inscribieron para hablar virtualmente y en persona, frente a las 259 de la reunión anterior, celebrada el 22 de junio. El condado, situado en el norte de Virginia, está al oeste de Washington y es uno de los más prósperos del país.
Se aplicó una nueva política de comentarios públicos: no se permitió la presencia de público durante los comentarios públicos y los oradores fueron admitidos en el edificio en grupos de diez. La razón del cambio fue «el aumento de la seguridad a la luz de lo ocurrido en la reunión del 22 de junio», según Wayde Byard, el responsable de información pública de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS). La junta puso fin a los comentarios del público después de que hablara el 50º orador el 22 de junio y se produjeron dos arrestos.
En lugar de permitirles esperar en el edificio, los oradores registrados permanecieron al aire libre y se les dijo que se refugiaran en sus coches cuando comenzó una fuerte tormenta eléctrica alrededor de las 6 de la tarde.
El principal punto del orden del día era la Política 8040, que requeriría que el personal de las LCPS se dirigiera a los estudiantes con sus pronombres preferidos y permitiera a los estudiantes transgénero acceder a los baños y vestuarios de acuerdo con su género autoidentificado.
Es probable que la junta de las LCPS apruebe y adopte la Política 8040, Derechos de los estudiantes transgénero y de género expandido, basándose en un memorando del 30 de julio de James Lane, superintendente de Instrucción Pública de Virginia. En el documento, Lane afirmaba: «Los consejos escolares locales que opten por no adoptar las políticas asumen toda la responsabilidad legal por su incumplimiento», refiriéndose a las «Políticas modelo relativas al tratamiento de los estudiantes transexuales en las escuelas públicas de Virginia«, finalizadas el 6 de marzo de 2021. El memorando también citaba la desestimación de una demanda contra el Departamento de Educación de Virginia como uno de los antecedentes clave para que todos los superintendentes de división adopten las políticas.
Josh Hetzler, asesor jurídico del Founding Freedoms Law Center, representó a los demandantes en la demanda. Según él, el dictamen del juez del 27 de julio afirmaba que los distritos escolares que no cumplían con las normas no corrían peligro de perder la financiación porque las «Políticas Modelo» eran meramente orientativas. Añadió que la demanda fue desestimada por motivos de legitimación, no de mérito. Founding Freedoms Law Center es el brazo legal de la Family Foundation, una organización religiosa sin ánimo de lucro de Virginia.
Alrededor del 80 por ciento de los oradores presenciales hablaron en contra de la política o del consejo escolar. Algunos padres condenaron enérgicamente al consejo escolar con palabras como «repugnante», y otros abogaron por sus hijos.
«Somos padres que luchan por nuestros hijos y su educación. Nuestros hijos están teniendo problemas de aprendizaje. Nuestros hijos están sufriendo emocionalmente. Nuestros hijos están pasando apuros cuando uno se sienta a mirar», dijo Jessica Méndez, una madre de las LCPS, ahogando las lágrimas. «No todos podemos permitirnos una escuela privada o podemos educar a nuestros hijos en casa. Dependemos de ustedes para que trabajen con nosotros y nos escuchen».
«Me mudé aquí hace ocho años, cuando este sistema escolar era un sistema educativo de clase mundial. Los padres, los profesores y los administradores trabajaban juntos para mejorar a nuestros hijos. Pero ahora, debido a las decisiones que todos ustedes han tomado, no creo que ningún niño pueda recibir una educación de calidad», dijo Elicia Brand, quien dijo que estaba teniendo problemas para volver a matricular a sus hijos en las LCPS.
En los comentarios de revisión de la política en internet publicados por las LCPS, el 57 por ciento de las 87 declaraciones presentadas entre mayo y julio estaban en contra de la Política 8040. Veinticinco (29 por ciento) estaban a favor de la política y el resto de las respuestas eran preguntas. La seguridad y la privacidad fueron preocupaciones comunes en las declaraciones: «Esto es como dar un acceso al abusador y al violador, [como darles] un ambiente adecuado».
En la concentración fuera de la reunión de la administración escolar, Hetzler, del Founding Freedoms Law Center, anunció una demanda contra la junta directiva y el superintendente de las LCPS por violar las leyes de reuniones abiertas de Virginia el 22 de junio. «Parece que hoy lo están haciendo de nuevo al prohibir a los miembros del público estar físicamente presentes en la sala de reuniones mientras llevan a cabo su reunión», añadió.
Victoria Cobb, presidenta de la Family Foundation, dijo a The Epoch Times: «El gobierno de este condado se ha salido mucho de la ley en su forma de organizarse y de votar, al expulsar a los ciudadanos de una reunión pública y luego seguir haciendo trámites». Dijo que el objetivo de la próxima demanda era impedir que volvieran a hacer eso y «enviar un mensaje a todas las demás juntas escolares de todo Virginia que también estén considerando estos temas controvertidos y difíciles, para decir que deben tener en cuenta la voz de los padres».
La reunión de la junta entró en receso a las 8:30 p.m. y se reanudará el 11 de agosto para votar la Política 8040. Cobb dijo que esperaría más demandas en representación de los padres o ciudadanos preocupados una vez que la Política 8040 entre en vigor. Según el oficial de información pública Byard, una vez aprobada y adoptada por la junta, la Política 8040 entraría en vigor en las LCPS el 26 de agosto, al comienzo del nuevo curso escolar.
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