El Ministerio de Gobernación (Interior) de Guatemala aseguró este lunes que pandilleros del «Barrio 18» presos dentro de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, en el departamento sureño de Escuintla, tomaron como rehenes a 10 guardias en respuesta al traslado de 23 reos a otros centros de detención.
El portavoz de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Carlos Morales, dijo a Efe que el diálogo con los pandilleros dentro de El Infiernito «está en proceso», y que hay unos 2000 elementos de la Policía Nacional Civil a la espera de ingresar al penal, ubicado 75 kilómetros al sur de la capital del país.
«Los 10 guardias están en normalidad. Los pandilleros no le han hecho nada a los guardias y su petición es que los pandilleros trasladados a los centros carcelarios, sean retornados al sector 11 (de la cárcel de Pavón, en Ciudad de Guatemala) o para El Infiernito (de donde fueron trasladados)», agregó Morales.
Fueron 23 líderes que integran la estructura de la «Rueda del Barrio 18» los enviados este lunes a distintos centros carcelarios, con una orden de juez y con la finalidad de evitar que estos continúen realizado actos de extorsión y otros delitos, explicó a la prensa el ministro del Interior, Oliverio García Rodas.
García Rodas, sin embargo, aseguró que «no estamos para negociar con nadie, no estamos para aceptar disculpas de ineficacias y las cosas se hacen correctamente o la persona que no cumpla con sus obligaciones no solo será despedido, sino consignado a los tribunales de justicia».
El titular de la cartera del Interior señaló que los 23 pandilleros trasladados «están sentenciados por delitos de alto impacto en la sociedad. La mayor parte de los líderes de dichas pandillas tienen penas que van de 100 años en adelante y la menor sentencia es de 50; (por lo que) no diremos a donde fueron trasladados».
El cambio de este lunes es el segundo en los últimos once días, pues el pasado 20 de agosto las fuerzas de seguridad movilizaron a más de 40 pandilleros condenados de El Infiernito a distintas cárceles del país, con la finalidad de «evitar que estos (pandilleros) continúen con las extorsiones a comerciantes, taxistas, transportistas y otros», de acuerdo a las autoridades.
En febrero pasado, la tasa de extorsiones por cada 100.000 habitantes llegó al punto más alto de los últimos 14 años, con un registro de 94,1 personas, según indicó la organización Diálogos en un informe fundamentado en información de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Guatemala registró al menos 79,111 extorsiones durante los últimos 11 años, entre 2008 y 2019, de acuerdo a datos de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo, con información recabada de la Policía Nacional Civil.
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