Sólo hubo dos cuestiones en las que republicanos y demócratas pudieron ponerse de acuerdo durante la audiencia del 23 de marzo del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la Constitución y el Gobierno Limitado en relación con el «enfriamiento de los derechos fundamentales de los padres» por parte del Departamento de Justicia (DOJ) al calificarlos de «terroristas domésticos» en 2021.
Los cuatro testigos que brindaron testimonio para la audiencia estuvieron de acuerdo cuando el representante Chip Roy (R-Texas) les dijo que los padres “tienen derecho a ver lo que se les enseña a sus hijos” en las escuelas públicas. El otro punto de acuerdo fue que hasta la fecha nadie ha sido arrestado como resultado de las acciones del Departamento de Justicia.
Pero incluso en esta última cuestión, los miembros partidistas del panel discreparon vehementemente sobre lo que significaba la falta de detenciones. Los republicanos, encabezados por el presidente de la comisión, el representante Mike Johnson (R-La.), citaron el informe provisional del 21 de marzo del Subcomité Selecto sobre la instrumentalización del Gobierno Federal de la comisión judicial.
Ese informe concluyó que no hubo arrestos porque «después de encuestar a las fuerzas del orden locales, las oficinas de los fiscales federales en todo el país informaron al Tribunal Supremo que no había una base legítima de aplicación de la ley para la directiva del fiscal general de utilizar recursos federales de aplicación de la ley y contraterrorismo para investigar las amenazas relacionadas con las juntas escolares”.
Pero el representante Jerrold Nadler (D-N.Y.), el principal demócrata en el comité judicial, citó la falta de arrestos como evidencia para respaldar su afirmación, de que los republicanos estaban simplemente imaginando una conspiración inexistente, al investigar la respuesta del Departamento de Justicia y el FBI a las protestas de las juntas escolares como «instrumentalización del gobierno».
“Desafortunadamente, la mayoría republicana está utilizando esta primera audiencia del subcomité para promover la afirmación falsa de que la administración Biden y el FBI están de alguna manera congelando los derechos de libertad de expresión de los padres. Hay poca evidencia para respaldar la afirmación falsa de una conspiración de gran alcance del gobierno federal para sofocar la oposición a las políticas de COVID-19 o el llamado adoctrinamiento ‘woke’ al apuntar a los padres que protestaron en las juntas escolares”, declaró Nadler.
Sin embargo, tres de los cuatro testigos de la audiencia dejaron pocas dudas de que encontraron que la evidencia descrita en el informe provisional del personal corroboraba fuertemente sus propias experiencias en el campo.
Nicole Neily, presidenta de Parents Defending Education, dijo que comenzó a escuchar a mamás y papás preocupados poco después de que se hizo público que el Departamento de Justicia había emitido un memorando instruyendo al FBI a crear un archivo de «terroristas domésticos» para capturar evidencia de las protestas de los padres. Jordan hizo público ese memorándum después de que se lo proporcionara un denunciante del gobierno.
“Como era de esperar, los padres estaban asustados por esta escalada; en los días posteriores a la publicación del memorando del fiscal general, mis colegas y yo recibimos docenas de solicitudes de padres preocupados que se preguntaban si debían continuar con su trabajo de defensa o simplemente quedarse en casa, por temor a que las fuerzas del orden público llamaran a la puerta”, le dijo al subcomité Neily.
Neily dijo que los padres de todo el país comenzaron a protestar en las reuniones de la junta escolar porque “están molestos por las lecciones sobre raza y género que enseñan a nuestros hijos a verse a través de la lente de la identidad y a tratarse en consecuencia; sobre la eliminación de programas para dotados y talentosos en nombre de la equidad; sobre distritos que gastan dólares de presupuesto finito para traer consultores de diversidad que siembran división, en lugar de abordar la pérdida de aprendizaje; sobre las escuelas que facilitan las transiciones de género de sus hijos a sus espaldas; y están enojados porque cuando intentan plantear estas preocupaciones en sus escuelas, los medios de comunicación se burlan de ellos y los funcionarios electos los cierran, quienes han comenzado a tomar medidas drásticas para restringir los comentarios públicos”.
Tyson Langhofer, asesor principal y director del Centro para la Libertad Académica de Alliance Defending Freedom, se centró en las decisiones recientes de la Corte Suprema de EE.UU. y otros tribunales federales que afirman la libertad de expresión de todos los ciudadanos, incluidos los padres de niños en escuelas públicas.
“El gobierno debe mantener un punto de vista neutral respecto a la libertad de expresión, independientemente del foro en el que se produzca. Del mismo modo que el gobierno no puede prohibir directamente la expresión protegida, tampoco puede adoptar ninguna medida que tenga un efecto concreto ‘disuasorio o paralizador’ sobre la expresión», explicó Langhofer.
“La Corte Suprema ha rechazado, por ejemplo, una amplia gama de intentos gubernamentales de erradicar las ideologías subversivas mediante represalias directas o indirectas por el ejercicio de los derechos de expresión o asociación de la Primera Enmienda. La Constitución también protege contra los esfuerzos para reprimir o intimidar a individuos o grupos para que no participen en un discurso protegido constitucionalmente”, dijo.
El testimonio más emotivo del día fue entregado por Tiffany Justice, cofundadora del grupo de padres Moms for Liberty. Al señalar que su organización tiene más de 115,000 miembros, Justice dijo: “Asistimos a las reuniones de las juntas escolares, a menudo enfrentando un trato injusto. Los padres fueron expulsados, les cortaron los micrófonos y a muchos se les impidió hablar. Los estadounidenses que ejercían pacíficamente sus derechos constitucionales fueron etiquetados como enemigos del estado”.
Pero Justice prometió: “Somos mamás, papás, tías, tíos, abuelos y ciudadanos preocupados. No somos ‘terroristas domésticos’. No seremos silenciados para proteger un sistema fallido. Traicionaron la confianza del pueblo estadounidense. Debe haber rendición de cuentas”.
Justice imploró al subcomité «que exija responsabilidades a quienes violaron su juramento a la Constitución, pisotearon nuestro derecho a ser escuchados y trataron de utilizar su posición de poder para subvertirnos a ‘nosotros los padres’”.
La cuarta testigo, Nadine Farid Johnson, directora general de Washington y de Programas de Libre Expresión del PEN América, sugirió que la audiencia del subcomité formaba parte de un esfuerzo nacional contra la libertad de expresión por parte de los opositores a la teoría crítica de la raza y de programas basados en la suposición de que Estados Unidos carece de suficiente diversidad, equidad e inclusión en sus instituciones civiles, sociales, políticas y económicas.
“Hoy, estamos en medio del ataque más amplio a los derechos de la Primera Enmienda en las escuelas y universidades que este país ha visto en generaciones. Desde prohibiciones de libros hasta restricciones curriculares, los funcionarios estatales y locales de todo el país están participando en la censura ordenada por el gobierno”, dijo Johnson.
“Están socavando el derecho de los estudiantes a recibir información y menoscabando su libertad para aprender. Están poniendo obstáculo tras obstáculo frente a los maestros y bibliotecarios para dificultarles el desempeño de sus funciones como educadores”, dijo.
Los ocho miembros republicanos del subcomité estuvieron presentes al comienzo de la audiencia y luego durante la mayor parte del testimonio y el contrainterrogatorio. Dos de los seis demócratas en el panel -Rep. Cori Bush (D-Mo.) y el representante Steve Cohen (D-Tenn.)- no estuvieron presentes.
A pesar de la falta de arrestos, la miembro de mayor rango del panel, la representante Mary Gay Scanlon (D-Pa.), afirmó que las acciones del Departamento de Justicia fueron motivadas por una «tendencia aterradora de amenazas» contra los miembros de las juntas, los maestros y los administradores de las escuelas públicas.
Condenó a la mayoría republicana por embarcarse en una “marcha hacia la censura” con la audiencia. “Hay una gran diferencia entre abordar el discurso sobre la base de su contenido y el discurso que es odioso y tiende a inspirar violencia”, dijo.
Otro demócrata en el panel, el representante Hank Johnson de Georgia, tuvo un amargo intercambio con Neily y Justice cuando exigió saber si el grupo del primero recibe apoyo financiero de los hermanos Koch y afirmó que el segundo “es un grupo de dinero oscuro”. Ambos testigos negaron airadamente las afirmaciones de Johnson.
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