Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia pareció expresar escepticismo esta semana respecto a la autoridad de la Comisión Federal de Comercio (FTC) para modificar unilateralmente un acuerdo de conciliación de 2019 con Meta Platforms Inc, antes conocida como Facebook.
El acuerdo, que obligaba a Meta a pagar una multa récord de 5000 millones de dólares y a mejorar su protección de la privacidad, es ahora el centro de una disputa legal sobre el intento de la FTC de imponer obligaciones adicionales al gigante tecnológico.
La disputa se remonta a una denuncia de 2012 en la que la FTC acusaba a Facebook de engañar a los usuarios sobre sus prácticas de privacidad de datos.
En 2019, en medio de revelaciones de uso indebido de datos (incluido el escándalo de alto perfil de Cambridge Analytica), la FTC presentó una demanda contra Meta para hacer cumplir el acuerdo anterior y llegaron a un acuerdo. Este acuerdo incluyó la multa sustancial y ordenó cambios significativos en la forma en que Meta maneja los datos de los usuarios.
La FTC, después de que la nueva orden fuera aprobada por una corte, trató de reabrir el caso días más tarde para hacer cumplir controles más estrictos sobre las prácticas de datos de Meta, en particular en relación con el manejo de la información de los menores y una mayor supervisión a las aplicaciones de terceros.
La agencia pretendía imponer a Meta más de 800 nuevas obligaciones en materia de privacidad. Sin embargo, Meta alegó que la FTC carecía de autoridad legal para modificar el acuerdo sin volver a los tribunales.
Durante el procedimiento del 5 de noviembre, el abogado de Meta, James Rouhandeh, argumentó que la FTC no puede alterar unilateralmente las medidas cautelares impuestas por la corte en el acuerdo de 2019.
«La FTC está, de hecho, usurpando las facultades cautelares de la corte», declaró Rouhandeh, enfatizando que solo el tribunal tiene la autoridad para hacer cumplir o modificar sus propias órdenes.
El panel de tres jueces, compuesto por Neomi Rao, Justin Walker y Raymond Randolph, pareció alinearse con la postura de Meta.
El juez Randolph señaló: «La FTC no tiene autoridad para hacer cumplir la ley; tiene que acudir a una corte para que se ejecuten sus órdenes». Cuestionó que la FTC intentara eludir la jurisdicción de la corte modificando el acuerdo por su cuenta.
La juez Rao expresó además su preocupación por el planteamiento de la FTC, sugiriendo que la agencia podría estar sobrepasando sus límites.
Se preguntó si permitir que la FTC modificara el acuerdo sin intervención de la corte socavaría el acuerdo original y sentaría un precedente preocupante para futuros acuerdos.
Rouhandeh advirtió que si la FTC pudiera modificar los acuerdos unilateralmente, «socavaría el acuerdo original y podría disuadir a las empresas de llegar a acuerdos con la agencia en el futuro».
Argumentó que tal medida no tendría «ningún sentido comercial» para las empresas, ya que se enfrentarían al riesgo de que la agencia alterase los acuerdos después de haber sido finalizados y aprobados por una corte.
En representación de la FTC, el abogado Zachary Cowan argumentó que, en virtud del artículo 5(b) de la Ley de la FTC, la agencia conserva la facultad de modificar sus órdenes administrativas en interés público, incluso después de un acuerdo aprobado por una corte.
Sostuvo que las medidas adicionales de privacidad son necesarias para proteger a los consumidores, especialmente a los menores, dado el historial de problemas de privacidad de datos de Meta.
A pesar de los argumentos de la FTC, los jueces señalaron que el acuerdo de 2019 era un acuerdo negociado que incluía importantes sanciones económicas y condiciones cautelares específicas, todas respaldadas por la corte. El juez Randolph sugirió que si la FTC pudiera cambiar unilateralmente los términos, Meta podría tener motivos para solicitar la devolución de la sanción de 5000 millones de dólares.
Los jueces insistieron en que cualquier modificación a las condiciones del acuerdo debería contar con la aprobación de la corte. Señalaron que la FTC, al carecer de autoridad independiente para hacer cumplir la ley, debe actuar a través de los tribunales para hacer cumplir o modificar sus órdenes.
Después de que el panel emita su fallo, el caso podría llegar a la Corte Suprema y volver a poner a la autoridad de la agencia federal en el punto de mira sobre el poder regulador de las agencias gubernamentales.
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