Un grupo de familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción, implementado en El Salvador desde finales de marzo para combatir a las pandillas tras una escalada de homicidios, pidieron este martes que dicha medida no sea ampliada por 30 días más y exigieron la liberación de sus parientes arrestados, según ellos, arbitrariamente.
El grupo de personas, unos 50 salvadoreños, se concentraron en una de las entradas de la Asamblea Legislativa, en San Salvador, con carteles con nombres de sus familiares detenidos y otros con mensajes de rechazo al régimen de excepción.
Margarita López, una de las participantes en la actividad, dijo a Efe que su hijo fue detenido el pasado 1 de mayo en «su trabajo» y pidió la libertad para «hombres y mujeres detenidos inocentemente».
«Le exijo al Gobierno que libere a estas gentes, hombres y mujeres detenidos inocentemente (…) quiero la pronta liberación de mi hijo que se llama Walter Odir Rodríguez», manifestó.
Señaló que su hijo tiene una hija, es casado y es técnico en acuicultura.
«Con el corazón en la mano, mi hijo nunca anduvo delinquiendo (…) yo le pido a Dios y a este Gobierno que le dé la libertad a los hombres y mujeres inocentes», recalcó la mujer.
El Gabinete de Seguridad pedirá este martes al Congreso que apruebe una nueva ampliación del régimen de excepción, a pesar de las cientos de denuncias de violaciones a derechos humanos y las supuestas muertes de personas detenidas bajo custodia estatal.
El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo que dejó 87 víctimas. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.
Diversas organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales han recabado miles de denuncias sobre posibles violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, las que la Procuraduría General de la República (PDDH), encabezada por Apolonio Tobar, cuestiona.
Son más de 49,600 las personas detenidas por las autoridades y más de 3000 denuncias por violaciones a derechos humanos, entre ellas por detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia estatal y tortura.
La cifra de detenidos es de la poca información que las autoridades de las diversas instancias gubernamentales revelan sobre las acciones en este régimen, del que se han negado a oficializar la cifra de personas supuestamente fallecidas bajo custodia estatal.
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