Una comisión del Paramento boliviano devolvió este martes tres de las cuatro proposiciones acusatorias para un juicio de responsabilidades contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, tras valorar que la Fiscalía no ha «acreditado» su «legalidad o legitimidad» como exmandataria del país.
Los procesos corresponden a un préstamo por más de 200 millones de dólares que el Gobierno de Áñez gestionó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), la ampliación de un contrato del Registro de Comercio y una denuncia de un grupo de bolivianos por vulneraciones a su derecho al trabajo durante la pandemia, en 2020.
El presidente de la comisión de Justicia, el oficialista Luis Flores, manifestó a los medios que la Fiscalía en su proposición acusatoria de mediados de 2021 no ha «acreditado la condición de presidenta» de Áñez.
Por lo que una sala del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe pedir al fiscal General, Juan Lanchipa, «se pronuncie» sobre la observación de la comisión legislativa y la «legalidad o legitimidad» que tuvo Áñez como presidenta de Bolivia entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020.
Flores, que representa al Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, señaló que su comisión «no puede cubrir la ausencia señalada» sobre la condición de Áñez, puesto que el juicio de responsabilidades debe ser para exautoridades «conforme la Constitución».
El presidente de la comisión no se refirió a la proposición acusatoria contra Áñez por las muertes de civiles durante su Gobierno en Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, un barrio de El Alto, ciudad vecina de La Paz, que también está en el Parlamento.
Sobre este último caso, el de Senkata, los abogados de Áñez presentaron este martes una acción legal para hacer que el Parlamento se pronuncie de si le corresponde o no un juicio de responsabilidades.
El mes pasado, un juez de la jurisdicción de El Alto se declaró competente para administrar el caso Senkata, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, pese a que en el Legislativo aún reside la acusación de la Fiscalía para procesar a Áñez en un juicio de responsabilidades.
Para el Gobierno, la llegada de Áñez a la Presidencia del país en 2019 fue producto de un «golpe de Estado» al entonces presidente Morales, por lo que varios procesos penales en su contra siguen el canal de la justicia ordinaria.
La exmandataria interina está detenida desde marzo de 2021, inicialmente por el caso «golpe de Estado I» bajo acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración.
Luego se la procesó en el llamado caso «golpe de Estado II», por el que se la sentenció a 10 años de prisión por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes, al situarse indebidamente en línea de sucesión tras la renuncia de Morales en 2019 y otras altas autoridades.
Para el oficialismo la crisis de ese año fue producto de un «golpe de Estado», mientras que para la oposición consistió en una protesta de la población por un fraude en beneficio de Morales en las frustradas elecciones generales.
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