El Parlamento Europeo emitió el jueves una resolución sobre “el deterioro del Estado de derecho en Guatemala” y condenó “la criminalización y el acoso” contra defensores de los derechos humanos y periodistas por parte del Ministerio Público.
“En una resolución aprobada por el pleno a mano alzada, la Cámara critica las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de Guatemala contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan o persiguen estructuras delictivas vinculadas a altos cargos del Estado y a propietarios de empresas”, cita un comunicado emitido por el Parlamento.
En el mismo documento, los parlamentarios condenan “la criminalización, detención y descrédito de los medios de comunicación, las amenazas y los actos de acoso contra los operadores de la justicia implicados en el enjuiciamiento de casos de corrupción y la lucha contra la impunidad” y piden al gobierno de Guatemala “poner fin a estas acciones”.
El pronunciamiento se da cuando en el país centroamericano unos 20 operadores de justicia -entre exfiscales, jueces y magistrados de la Corte de Constitucionalidad- han renunciado, huido o sido detenidos. Todos han denunciado criminalización por sus investigaciones anticorrupción o los fallos judiciales emitidos.
Uno de los últimos impartidores de justicia en levantar su voz y huir del país fue la exjueza Erika Aifán, quien en los pasados cinco años tuvo a su cargo el enjuiciamiento de algunos de los casos emblemáticos de corrupción, crimen organizado y delitos de alto impacto en Guatemala.
“Nosotros somos un país soberano y este texto aprobado fue por seis grupos políticos específicos que muchas veces están matizados sobre la base de ideologías políticas», fueron las palabras del canciller guatemalteco, Mario Búcaro, después de conocerse la resolución y condena del Parlamento Europeo, citadas por AP.
Búcaro, defendió que en Guatemala hay democracia y libertad de expresión, a diferencia de lo que ocurre en países antidemocráticos.
Temen reelección de fiscal
La posible reelección de la actual titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, ha causado preocupación entre la comunidad internacional, organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Porras, quien ha sido señalada por actos de corrupción por Estados Unidos y por algunos impartidores de justicia de instrumentalizar el MP de Guatemala, fue entrevistada por la comisión que evalúa a los postulantes para extender su mandato para el periodo 2022-2026.
La Comisión, que evaluará a una veintena de aspirantes a fiscal general, definirá el próximo 18 de abril una nómina de seis candidatos entre los que elegirá luego el presidente Alejandro Giammattei.
Recientemente EE.UU. dijo estar «profundamente preocupado por los continuos y descarados ataques” contra el sistema de justicia de Guatemala por parte del Ministerio Público.
A través de un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, afirmó que el MP, bajo la dirección de Porras, ha arremetido “contra el sistema judicial de Guatemala a través de arrestos y detenciones por motivos políticos» de jueces, fiscales y exfiscales que «luchan contra la corrupción”.
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