El Partido Comunista de Venezuela (PCV) acusó al gobierno de Nicolás Maduro de ejecutar una política de terror en los sectores populares en medio de la crisis política que afronta el país a raíz de las elecciones del 28 de julio.
A través de un comunicado, el secretario general del PCV, Oscar Figuera denunció, a través de un video en las redes sociales de su partido, que el gobierno venezolano ejecuta su política de terror «con operaciones psicológicas y de propaganda».
Dijo que el objetivo de esta política no solamente sería neutralizar las protestas que rechazan la reelección de Maduro sino imponer una etiqueta de fascistas a todos aquellos que aboguen por defender la soberanía popular.
«Defender la Constitución y el estado de derecho no es fascismo», señaló Figuera quien además denunció desapariciones forzadas, detenciones de adolescentes, allanamientos ilegales de viviendas, robo de pertenencias, entre otras violaciones a los derechos humanos.
«Hemos tenido noticias de desapariciones forzadas temporales; detenciones de adolescentes; requisas arbitrarias y humillantes en las calles; allanamientos ilegales a viviendas y robo de pertenencias; extorsiones y la actuación de grupos parapoliciales en complicidad con fuerzas del Estado», dijo el dirigente en un comunicado de prensa.
«También tenemos noticias de despidos de trabajadores por razones políticas tras las elecciones», continuó.
«Además de este despliegue de violencia, está la campaña de delaciones y ‘sapeo’ que promueven voceros alto gobierno para que se incriminen a vecinos y a compañeros de trabajo en supuestos delitos conspirativos», dijo Figuera.
En el comunicado se señala asimismo que Maduro «pretende reelegirse sin mostrar los resultados de las elecciones discriminados por mesa de votación», critica al «supuesto ataque cibernético» y menciona que las «violaciones abiertas al cronograma electoral y al procedimiento de ley acrecientan las dudas sobre el proceso poselectoral.
«Es legítimo preguntarse si la cadena de custodia del material no ha sido comprometida», agregó Figuera.
El comunicado también menciona que para el PCV los llamados que los opositores Machado y Gonzáles realizaron a los militares «en esta compleja situación, es irresponsable», las calificó de «provocaciones» y llamó a la solidaridad ante la «campaña de violencia que promueven los dos bandos».
La crisis política en Venezuela ocurrió a raíz de las elecciones del 28 de julio debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó al presidente Maduro como reelecto para un tercer mandato sin presentar las actas electorales.
Por su parte, la oposición venezolana asegura que el presidente electo es Edmundo González, según las actas que recabaron y subieron a la plataforma «Resultados con Venezuela».
La situación ha desatado protestas en todo el país con más de 2000 detenidos, según las cifras oficiales del gobierno, mientras organizaciones de derechos humanos aseguran que más de 20 civiles fueron asesinados en el contexto de las manifestaciones por el proceso electoral.
La organización Misión Internacional de la ONU señaló que las condiciones en las que han realizado las detenciones, «las convierten en detenciones arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso», dejando a las personas fuera del sistema de justicia.
También resaltó que las personas detenidas están siendo acusadas e imputadas de cargos de terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria; se les ha impedido contar con una defensa privada y negado información a sus familiares o dan información tardía e incompleta.
Sin embargo, el gobierno asegura que los manifestantes son delincuentes y drogadictos a los que les pagaron 40 dólares para crear terror en Venezuela.
La fiscalía del estado investiga a la líder opositora María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González aduciendo que incitan a la desobediencia a funcionarios policiales y militares, y por desconocer el resultado publicado por el CNE.
Con información de Yeny Sora Robles
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