El Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) y miembros de la Legislatura de Arizona presentaron el 1 de julio una moción para suspender una orden de una corte federal que impide que ciertos votantes que se inscribieron con un formulario federal de registro de votantes voten para presidente en las elecciones de noviembre.
El presidente del RNC, Michael Whatley, dijo en un comunicado de prensa que la moción de emergencia se presentó porque el RNC cree que «el voto de los no ciudadanos compromete nuestras elecciones y estamos comprometidos a detenerlo».
En cuestión está una ley electoral de Arizona que se aprobó en 2022. La HB 2492 legalizó la exigencia de una prueba de ciudadanía para participar en las elecciones de Arizona. Una segunda ley de 2022, la HB 2243, que obligaba a reportar el número de votantes en el estado que no indicaban el estatus de su ciudadanía, también ha sido impugnada.
Grupos de derecho al voto presentaron demandas contra ambas medidas, y la jueza de distrito Susan Bolton determinó que algunas partes de la legislación eludían las leyes federales sobre el voto, aunque otras partes de las dos leyes fueron confirmadas.
Uno de los grupos que presentó la demanda, Campaign Legal, describió las dos disposiciones como «discriminatorias» y alegó que una «negaba la libertad de voto a los habitantes de Arizona que no indicaban su lugar de nacimiento en el formulario de registro estatal», y la otra exige que «los funcionarios de los condados investiguen el estado de ciudadanía de los residentes de Arizona naturalizados sin causa justificada».
Previamente este año, la jueza Bolton concluyó que los legisladores de Arizona no discriminaron cuando aprobaron las dos leyes y que el Estado sí tiene interés en evitar el fraude electoral y limitar el voto a las personas con derecho a votar.
Sin embargo, la jueza dijo que el requisito de la HB 2492 para las personas que utilizan un formulario de registro estatal para incluir su estado o país de nacimiento viola una disposición de la Ley de Derechos Civiles y una sección de la Ley Nacional de Registro de Votantes. De hacerlo, explicó, se investigaría únicamente a ciudadanos naturalizados basándose en la creencia subjetiva de los registradores del condado de que una persona naturalizada no es ciudadana.
El 28 de junio, dictaminó de nuevo que esas partes de las leyes deben ser anuladas, lo que provocó la moción de emergencia del lunes.
El RNC presenta una moción de urgencia
El RNC presentó su moción ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU., con sede en San Francisco, que actualmente está viendo el caso, en un intento de anular la decisión más reciente de la jueza Bolton, tratando de mantener intacta la disposición del formulario de registro estatal.
Argumentaron, en parte, que las partes de la ley que la juez Bolton había bloqueado debían mantenerse en vigor durante el proceso de apelación en curso porque afectarían a las próximas elecciones presidenciales.
«La corte de distrito no se comprometió con el texto de la Constitución porque pensó que estaba obligado por los precedentes. Pero ninguna corte ha decidido esta cuestión. La Corte Suprema nunca ha sostenido que el Congreso tenga poder para regular los ‘Lugares y Manera’ de las elecciones presidenciales», dice una parte de su moción.
«Si la corte de distrito se equivocó al prohibir la aplicación de las reformas del registro de votantes adoptadas hace casi dos años (y así fue)», un estatuto conocido como el principio Purcell, que establece que las cortes no deben cambiar las normas electorales o de votación demasiado cerca de unas elecciones para evitar la confusión de los votantes, «no requiere ni autoriza a esta corte a agravar la incursión equivocada del poder judicial federal en el proceso democrático de Arizona», añadía.
El Sr. Whatley dijo que las elecciones estadounidenses «deben ser decididas por los estadounidenses».
La presidenta del Partido Republicano de Arizona, Gina Swoboda, añadió que «cualquier voto emitido por un no ciudadano diluye esos votos y corre el riesgo de silenciar esas voces», argumentando: «Este es un problema muy real en Arizona, y estamos comprometidos a resolverlo».
El secretario de Estado demócrata, Adrian Fontes, había pedido a la corte que denegara la petición del RNC y permitiera que partes de esa ley siguieran bloqueadas por la jueza Bolton por estar demasiado cerca de las elecciones.
«Los funcionarios electorales de todo Arizona se están preparando para lo que se espera que sea un ciclo electoral muy activo en 2024», escribió la oficina del Sr. Fontes a la corte.
En su decisión de marzo, la jueza Bolton escribió que otras partes de las leyes que requieren los condados para verificar el estado de registro de los votantes si no han proporcionado prueba de ciudadanía de EE. UU. se puede mantener. También dictaminó que una parte que requiere la comprobación de la información de registro de votantes con bases de datos del gobierno puede mantenerse intacta.
En su momento, la jueza Bolton escribió que «considerando las pruebas en su conjunto, la corte concluye que el interés de Arizona en evitar que los no ciudadanos voten y promover la confianza pública en las elecciones de Arizona es mayor que la carga limitada que los votantes pueden encontrar cuando se les exige proporcionar» una prueba documental de ciudadanía.
Los datos proporcionados por la oficina del fiscal general de Arizona han demostrado que no ha procesado a ninguna persona que no fuera ciudadana y votara ilegalmente en las elecciones desde 2010.
Con información de The Associated Press.
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