Un memorando interno filtrado de la Patrulla Fronteriza estadounidense ordenaba a los agentes del sector de San Diego que dejaran entrar en Estados Unidos a inmigrantes ilegales de la mayoría de los países, un día después de que el presidente Joe Biden emitiera el 4 de junio una orden ejecutiva que limitaba las solicitudes de asilo en la frontera sur.
El memorando del 5 de junio, obtenido por The Epoch Times, dice en la parte superior: «Mantenga esta referencia para la Proclamación Presidencial».
Da instrucciones a los agentes para que pongan en libertad en Estados Unidos a adultos que viajan solos de países «fáciles de expulsar» del hemisferio occidental bajo su propia responsabilidad con avisos de comparecencia ante la corte, excepto los de Cuba, Nicaragua, Haití, Venezuela, México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
También debían ser puestos en libertad los adultos que viajan solos procedentes de «países de expulsión difícil o muy difícil» del hemisferio oriental, excepto los de Uzbekistán, Rusia, Tayikistán, Georgia, Moldavia y Kirguistán, considerados países de «remisión obligatoria» para expulsión acelerada.
Los agentes recibieron instrucciones de poner en libertad a todas las unidades familiares, excepto las de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Perú y la República Dominicana.
Manny Bayon, portavoz del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza con sede en San Diego, dijo que el memorando se aplica actualmente en todo el país a los ilegales que cruzan la frontera afectados por la orden ejecutiva del presidente Biden y se aplicará como política hasta que se emitan nuevas directrices.
«Si [la Administración Biden] toma la determinación de cerrar la frontera, estoy seguro de que habrá nuevas normas y orientación política», dijo.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de comentarios sobre el memorando.
Retraso en el asilo
Según la orden ejecutiva del presidente Biden, se denegará el asilo a los inmigrantes ilegales si el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, determina que el promedio diario de cruces ilegales de la frontera ha superado los 2500 al día durante siete días consecutivos.
De acuerdo con los datos de la Patrulla Fronteriza, el número de cruces ilegales de la frontera ha superado este umbral durante los últimos siete días.
El presidente Biden dijo que la orden ejecutiva tiene por objeto «facilitar a los funcionarios de inmigración la expulsión de quienes carecen de base legal para permanecer en el país y reducir la carga de nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza».
Quienes crucen ilegalmente no podrán recibir asilo a menos que entren por un puerto de entrada legal.
Destacando que las solicitudes de asilo llevan seis años acumuladas, el presidente Biden dijo que su acción ejecutiva ayudará al gobierno federal a «ganar el control de nuestra frontera» y «restaurar el orden en el proceso».
El presidente dijo que habría preferido una legislación bipartidista.
El 9 de junio, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, elogió la orden ejecutiva, afirmando que los primeros indicios de que está funcionando para reducir el número de cruces fronterizos ilegales diarios son «positivos».
Hasta el 11 de junio, había casi 10,000 adultos detenidos en instalaciones de procesamiento de inmigrantes ilegales en todo el país y casi 2200 inmigrantes ilegales detenidos solo en el sector de San Diego, según fuentes de la Patrulla Fronteriza.
Casi 10 millones de inmigrantes ilegales han entrado en el país durante el gobierno de Biden, según los últimos datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Reacción del condado de San Diego
La semana pasada, el supervisor del condado de San Diego, Jim Desmond, y el alcalde de El Cajón, Bill Wells, tacharon la orden ejecutiva de «teatro político» previo a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Miles de inmigrantes ilegales siguen entrando en el condado de San Diego, dijo Desmond en una declaración el 10 de junio.
La orden ejecutiva es «una fachada, que ofrece la ilusión de seguridad» que no se ocupa de «los verdaderos problemas» en la frontera sur, dijo.
Wells declaró a The Epoch Times que no cree que el gobierno de Biden se tome en serio la contención de la inmigración ilegal y que los residentes del área de San Diego «merecen soluciones reales, no gestos vacíos», para garantizar la seguridad pública.
«No creo que vaya a frenarse en absoluto».
El Sr. Bayon, portavoz del sindicato, dijo a The Epoch Times que los agentes de la Patrulla Fronteriza recibieron un «duro golpe» con más de 300 inmigrantes ilegales en la madrugada del 4 de junio cerca de Jacumba, California, a unas 70 millas al sureste de San Diego, y otros 200 que cruzaron cerca de Imperial Beach.
Con casi 2700 adultos en el centro de procesamiento de San Diego el 4 de junio, la instalación estaba al 99% de su capacidad, dijo.
«El público estadounidense debe saber que solo podemos retenerlos 72 horas y nada más. Luego se les pone en libertad», dijo Bayon.
Diferencias diplomáticas
Todd Bensman, miembro del Centro de Estudios de Inmigración y exdirector de contraterrorismo del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo a The Epoch Times que el memorando interno no debería ser una sorpresa.
«No van a utilizar su fuerza diplomática para obligar a esos países a aceptar a esos inmigrantes», dijo.
Bensman dijo que la administración debería imponer sanciones económicas a los países que se nieguen a cooperar en la repatriación de sus ciudadanos.
«Eso es todo lo que hace falta», dijo. Predijo que la orden ejecutiva probablemente se vería «enredada» en litigios y posiblemente bloqueada por las cortes.
El 12 de junio, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) anunció que se unía a varios grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes para presentar una demanda contra el gobierno de Biden por la orden ejecutiva.
«La administración carece de autoridad unilateral para anular al Congreso y prohibir el asilo en función de cómo se entra en el país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la Administración Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica», dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
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