Un año después de asistir a una reunión de la junta escolar de Pensilvania para exigir a los alumnos que lleven mascarillas por el COVID-19, tres personas siguen en los tribunales intentando que se les retiren los cargos por presunto delito de allanamiento. El cargo se castiga con hasta 5 años de prisión y 10,000 dólares de multa.
Sus casos podrían tener implicaciones legales en todo el estado, dando potencialmente a los consejos escolares más poder sobre el público.
Katherine Detwiler, Elaine Barnhart y Gary Krum del Condado de Columbia asistieron a la reunión de la junta del Distrito Escolar del Área de Columbia del Sur el 13 de septiembre de 2021. La reunión se celebró en la biblioteca de la escuela, y la junta estaba discutiendo un mandato de mascarillas para los estudiantes.
«Creo que el tema de la mascarilla no era solo el tema de la mascarilla. Era parte de la creciente tiranía que se está desarrollando en la nación y en el estado de Pensilvania», dijo Krum, de 71 años, a The Epoch Times. «Y creo —con lo que la Corte Suprema de Pensilvania finalmente estuvo de acuerdo— que el mandato que el gobernador implementó no estaba dentro de su poder para hacerlo».
A Krum le preocupaba que los estudiantes no tuvieran voz para oponerse, y se sintió impulsado a hablar en su nombre.
Mientras se esperaba el inicio de la reunión, el oficial de la policía escolar David Townsend anunció que el consejo escolar había implementado una nueva política de mascarillas y que cualquiera que quisiera asistir a la reunión tendría que llevar una mascarilla.
Los asistentes cuestionaron si la política era una ley, y si era legal impedir que los ciudadanos asistieran, dicen los documentos judiciales.
El superintendente James Becker intervino en la conversación, repitiendo el mensaje de Townsend: para permanecer en la reunión, se requería una mascarilla. Mientras hablaba, los miembros del consejo escolar indicaron que querían entrar en una sesión ejecutiva, una reunión privada. Becker indicó a todos los ciudadanos que fueran a esperar a la cafetería, dicen los documentos judiciales.
«¿Estoy en Estados Unidos?»
En la cafetería, continuó el debate sobre la legalidad de exigir al público el uso de una mascarilla.
«Un agente de seguridad de la escuela entró con nosotros y nos dijo que era un policía estatal retirado y que nos entendía. Tuvimos una agradable discusión con él», dijo Barnhart, de 71 años, a The Epoch Times. Pero alguien llamó a la policía del municipio de Locust y pronto llegó un policía. «Dijo que le habían llamado [de la escuela] para que viniera a pedir a los que no tenían mascarilla que se fueran».
Detwiler, de 46 años, se molestó cuando llegó la policía.
«Me dije, ¿qué está pasando? Mi único pensamiento fue: ¿estoy en Estados Unidos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que estoy en Estados Unidos ahora mismo?».
Alguien leyó en su teléfono que el mandato de la mascarilla no era una ley, y argumentó que era su derecho constitucional a estar allí.
El policía del municipio leyó un correo electrónico del fiscal del distrito del condado de Columbia, Thomas Leipold, en el que se explicaba que podían ser acusados de allanamiento. A continuación, dijo a todos los presentes en la cafetería: «¿Qué les parece si les doy la oportunidad de hablar entre ustedes?», afirman los documentos judiciales.
Algunos miembros del grupo hicieron una presentación para la junta sobre el peligro de que los niños estuvieran con mascarillas todo el día. Preguntaron si los que no tenían mascarillas estarían dispuestos a marcharse para poder hacer la presentación.
«Dijimos que sí, y nos fuimos. Sin escolta. Ningún comportamiento desafiante. No habían empezado la reunión del consejo escolar hasta que nos fuimos, así que técnicamente no asistimos a la reunión», dijo Barnhart.
Aunque algunos protestaron por tener que usar una mascarilla, la mayoría se las puso. Detwiler, Barnhart y Krum se fueron antes de que terminara la sesión ejecutiva.
Acusados penalmente
No pasó mucho durante tres semanas. Después, Detwiler, Barnhart y Krum recibieron por correo una notificación del fiscal del distrito en la que se les acusaba de allanamiento.
«El asunto tiene poco que ver con las mascarillas y todo que ver con la negativa de los tres individuos a abandonar la propiedad de la escuela cuando se les indicó que lo hicieran tanto por un funcionario de la escuela, el superintendente y el oficial de la policía escolar», dijo el superintendente de la escuela a The Epoch Times en un correo electrónico. «Los tres individuos también fueron invitados a marcharse por las fuerzas policiales locales, que fueron llamadas a la escuela debido a su negativa a abandonar los terrenos escolares. Que los tres individuos estén o no de acuerdo con la razón por la que se les pidió que abandonaran las instalaciones de la escuela no es la cuestión legal».
Becker dijo que el Estado de Pensilvania está llevando a cabo estos casos porque Detwiler, Barnhart y Krum infringieron la ley.
«Ya sea que uno sea revoltoso en un partido de baloncesto de la escuela o en una reunión del consejo escolar, si un funcionario de la escuela le pide que se vaya, está obligado a hacerlo o será objeto de un arresto por violación de propiedad desafiante. Esto es lo que ha ocurrido con este incidente».
Los tres acusados acudieron al abogado Gregory Stapp, con sede en Williamsport, quien dijo a The Epoch Times que el argumento de la escuela parece ser que no se fueron lo suficientemente rápido.
Implicaciones a nivel estatal
A medida que los casos avanzaban en el sistema judicial, se pedía a las partes que abordaran la cuestión de si un distrito escolar debía tener la facultad de aplicar una norma que exigiera que los visitantes, los estudiantes y los empleados llevaran una mascarilla.
En su dictamen, el juez Gary E. Norton, del Tribunal de Causas Comunes del condado de Columbia-Montour, dictaminó que el consejo estaba facultado para imponer el uso de mascarillas en los edificios escolares, incluso en las reuniones del consejo.
Pero la cuestión de si la escuela tiene autoridad ya se estaba discutiendo en un tribunal superior.
«Esta cuestión ya se está discutiendo ante el Tribunal del Estado de Pensilvania en el caso de R.M. contra el Secretario del Departamento de Educación de Pensilvania nº 49 MD 2022. En esa apelación, la cuestión ante el Tribunal del Estado es si un distrito escolar o un consejo escolar tiene autoridad para exigir el uso de mascarillas como norma sanitaria», argumentó Stapp en los documentos judiciales.
Ahora pide a la Corte Superior de Pensilvania que se pronuncie sobre el caso. Debido a que la cuestión ya se está discutiendo ante el Tribunal del Estado, es importante que la Corte Superior también lo escuche, dijo Stapp, porque si se permite que la opinión del tribunal inferior se mantenga, crearía un precedente de permitir que los distritos escolares en toda Pensilvania apliquen las leyes sanitarias en lugar del Departamento de Salud de Pensilvania o la Legislatura.
«¿Dónde está la línea? ¿Pueden imponer mascarillas pero no vacunas?», Stapp dice que permitir que las juntas escolares impongan normas sanitarias al público es una pendiente resbaladiza. «No debería estar en manos del consejo escolar, y punto».
Detwiler dijo a The Epoch Times que el proceso legal ha sido costoso. Los tres demandados han creado una recaudación de fondos online para los gastos legales.
«Creo que estamos en casi 5000 dólares por cada uno en este momento y no está cerca de terminar a menos que esto simplemente desaparezca», dijo Detwiler. «Es una dificultad financiera para nosotros. Es malo. Ninguno de nosotros es rico. Todos somos gente trabajadora».
«Siento mucha rabia. Lo que más siento es mucha indignación. Aquí es donde trazamos la línea», dijo Detwiler. «Y esto va a empeorar para nuestros hijos si no hacemos algo».
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