Pensilvania ha prohibido que los funcionarios públicos reciban y utilicen subvenciones electorales privadas, incluidas las procedentes de organizaciones sin ánimo de lucro, en un intento de mejorar la integridad electoral reduciendo la influencia externa.
Desde julio de 2022, más de 20 estados han aprobado leyes que prohíben o restringen el uso por parte de los funcionarios públicos de fondos de terceros no regulados cuando realizan elecciones. Esto después de que los analistas conservadores sostuvieran que esos fondos —apodados «Zuck Bucks»— presuntamente fueron colocados estratégicamente en estados indecisos, aumentando los totales de votos en 2020 para que el entonces candidato presidencial Joe Biden acabara ganando las elecciones.
Las oficinas electorales de toda Pensilvania recibieron más de 25 millones de dólares en subvenciones «Zuck Bucks» durante el ciclo electoral de 2020, según los datos publicados por Capital Research Center.
El gobernador demócrata Tom Wolf promulgó el 11 de julio el proyecto de ley 982 del Senado (pdf), que ordena que los funcionarios públicos de los gobiernos estatales y locales «no pueden solicitar, contratar o recibir o gastar regalos, donaciones, subvenciones o financiación de cualquier individuo, empresa, organización, fideicomiso, fundación o cualquier entidad no gubernamental para el registro de votantes o la preparación, administración o conducción de una elección en esta mancomunidad», según la nueva legislación de integridad electoral.
«Para nosotros, la reforma comienza con la prohibición de que grupos privados financien la administración de las elecciones», dijo la principal patrocinadora del proyecto de ley, la senadora estatal Lisa Baker, en una declaración emitida tras la aprobación de la ley. Calificó las enmiendas de «mejoras estructurales sustanciales».
«No importa quién contribuya desde el exterior, ni sus motivaciones expresas», dijo Baker, «millones de dólares procedentes de figuras u organizaciones nacionales naturalmente despiertan sospechas de agendas ocultas».
En su lugar, el proyecto de ley introduce un nuevo «programa de subvenciones para la integridad electoral», en el que se permite al Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico del estado proporcionar 45 millones de dólares cada año —o 5.15 dólares por votante registrado— para reembolsar a los condados.
Sin embargo, limita las circunstancias para el uso de las subvenciones, como «el pago del personal necesario para el preescrutinio y el escrutinio de las papeletas de voto por correo y de las papeletas de voto en ausencia» y «los costes de seguridad física y de transparencia para el preescrutinio y el escrutinio centralizados».
El importe total de las subvenciones se determinará en función de la población de votantes registrados en las elecciones primarias anteriores. Para poder optar al acuerdo estatal, los condados deben abrir y contar las papeletas a partir de las 7 de la mañana del día de las elecciones, lo que no permite a los condados procesar las papeletas de voto por correo antes del día de las elecciones.
Los condados pueden presentar sus solicitudes entre el 1 y el 15 de agosto.
Subvenciones de terceros
Un grupo activista financiado por Mark Zuckerberg, Center for Tech and Civic Life (CTCL), sin ánimo de lucro, inundó las oficinas electorales, principalmente en los bastiones del Partido Demócrata, con cientos de millones de dólares en 2020, lo que los expertos han visto como un aparente esfuerzo para aumentar la participación de los votantes de ese partido.
El multimillonario fundador de Facebook, junto con su esposa, Priscilla Chan, donó 350 millones de dólares a CTCL para financiar las oficinas electorales locales a nivel nacional, llamándolos «subvenciones de respuesta COVID-19». El dinero se anunció como un recurso para comprar equipos de protección personal y reducir la propagación del coronavirus, pero la respuesta al COVID-19 resultó ser una fracción del gasto total.
Los investigadores de Capital Research Center, una organización conservadora sin ánimo de lucro con sede en Washington, descubrieron que CTCL había concedido subvenciones a 10 de los 13 condados que Biden ganó en Pensilvania, uno de los cuales —el condado de Erie— cambió de bando luego de haber votado en 2016 por Trump.
«En conjunto, estos 10 condados recibieron 20.8 millones de dólares, o más del 83% de todas las subvenciones de CTCL a Pensilvania», dice el informe. «Por el contrario, CTCL dio subvenciones a 12 de los 54 condados que Trump ganó en todo el estado. Estos 12 condados recibieron solo 1.73 millones de dólares, un mero 7 por ciento de todos los fondos de CTCL en el estado Keystone».
Los cinco mayores subsidios per cápita en los condados financiados por CTCL en todo el estado fueron todos en los que ganó Biden, muestra el estudio.
Un portavoz de Facebook no respondió a una solicitud de entrevista.
Zuckerberg encargó un informe en diciembre, en el que se destacaba que «más jurisdicciones republicanas, definidas como municipios que votaron por Trump en 2020, solicitaron y recibieron subvenciones». La conclusión se consideró engañosa entre algunos expertos en datos electorales porque las jurisdicciones republicanas eran mucho más propensas a recibir subvenciones de menos de 50,000 dólares, que probablemente no serían suficientes para cambiar materialmente las prácticas electorales en la jurisdicción receptora.
El mes pasado, un informe de los registros fiscales presentados por CTCL mostró que el grupo «concedió todas las subvenciones más grandes —tanto en términos absolutos como per cápita— a zonas urbanas fuertemente demócratas», especialmente en los estados indecisos.
A partir de julio de 2022, 22 estados han promulgado leyes para prohibir o restringir el uso de dinero privado en las juntas electorales de los estados y condados para administrar las elecciones públicas, según Capital Research Center. Las legislaturas de otros seis estados han aprobado posibles prohibiciones, pero los gobernadores —todos ellos demócratas— han vetado dicha legislación.
Mientras que el gobernador de Pensilvania firmó el proyecto de ley SB 982, rechazó otro proyecto de ley de seguridad electoral de los republicanos, que permitiría a los votantes registrados en Pensilvania servir como observadores electorales en cualquier distrito electoral del estado.
Una investigación de Broad and Liberty, una publicación de derecha dedicada a la política de Pensilvania, obtuvo correos electrónicos que mostraban que la oficina de Wolf se coordinó con organizaciones sin ánimo de lucro de izquierda para poner en marcha un proceso secreto que invitaba selectivamente a los condados demócratas a solicitar subvenciones «Zuck Bucks».
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