El Pentágono anunció este jueves que las víctimas de abusos sexuales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos podrán por primera vez buscar justicia fuera de la cadena de mando.
Hasta ahora, ese tipo de delitos eran juzgados por comandantes encargados de supervisar a las víctimas, lo que había resultado en una falta de enjuiciamientos y en que las víctimas evitaran denunciar por temor a represalias.
A partir de ahora, los delitos de abuso y acoso sexual y otros 12 crímenes graves serán juzgados por las llamadas oficinas de asesoramiento legal especial, que están encabezadas por unos jueces independientes que reportan directamente a los jefes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Armada.
Según indicó el Pentágono en un comunicado, esas oficinas empezaron a operar este mismo jueves y, además de juzgar delitos de abuso sexual, examinarán crímenes de asesinato, secuestro y violencia contra la mujer, entre otros.
En otro comunicado, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, consideró que esta es la reforma «más importante» del sistema de justicia militar desde la creación en 1950 del llamado Código Uniforme de Justicia Militar que sentó las bases del actual sistema de la justicia castrense.
«Esta reforma -afirmó Austin- busca fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y aumentar la confianza de todos nuestros miembros en la equidad e integridad del sistema de justicia militar».
Según los datos más recientes de septiembre de 2022, un 8.4 % de las mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sufrieron acoso o abuso sexual en 2021, en lo que supuso la mayor cantidad de denuncias desde que el Pentágono empezara a registrar esas agresiones en 2006.
Demócratas y republicanos del Congreso de EE.UU. llevaban años presionando al Pentágono para que preste mayor atención a las denuncias de acoso y abuso sexual.
Este asunto ganó mayor atención por la desaparición y asesinato en 2020 de la soldado hispana Vanessa Guillén, de 20 años de edad y que había sufrido continuos abusos sexuales en la base de Fort Hood (Texas) sin que sus superiores hicieran nada por evitarlo, según reveló posteriormente una investigación de las Fuerzas Armadas.
Guillén fue asesinada por uno de sus compañeros en la base, Aaron David Robinson, quien se suicidó cuando la Policía fue a interrogarlo.
El caso de Guillén, de ascendencia mexicana, atrajo la atención nacional de EE.UU. y expuso la necesidad de cambios en la manera en la que las Fuerzas Armadas investigan los casos de abuso sexual.
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