Un propietario de una pequeña empresa de Florida está demandando al gobierno de Joe Biden por discriminación racial y de género en relación a la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de 1200 millones de dólares, que el presidente promulgó en noviembre de 2021.
Christian Buckner, un inmigrante discapacitado, presentó ayer una demanda federal en la que impugna una estipulación de la ley que lo declara inelegible para licitar en unos contratos de infraestructura del gobierno por valor de 37,000 millones de dólares únicamente por ser blanco y hombre. Buckner está representado por el Proyecto de Igualdad ante la Ley, que ya ha ganado sus tres casos anteriores de discriminación racial contra el gobierno de Biden.
«Si el presidente Biden quiere realmente ayudar a los propietarios de pequeñas empresas desfavorecidas, entonces debería ayudar a las nuevas empresas que luchan por sobrevivir o a los propietarios de pequeñas empresas que tienen una discapacidad como yo», declaró Buckner, un inmigrante que llegó a Estados Unidos huyendo de la represión comunista en Rumanía en la década de 1970. «Ayudar a grupos basados en la raza y el género nunca es justo. Espero más de mi gobierno».
Como parte de la Ley de Infraestructuras, se asignaron 370,000 millones de dólares para carreteras, puentes y otros proyectos de transporte. De esa cantidad, al menos el 10 por ciento se reservó para empresas que son propiedad de «individuos social y económicamente desfavorecidos», que la normativa federal define como estadounidenses de raza negra, hispanos, nativos americanos, algunos estadounidenses de Asia-Pacífico y mujeres. Quedan excluidos de este grupo los hombres blancos y los procedentes de lugares como el norte y el oeste de Asia, el norte de África y Oriente Medio. La pequeña empresa de Buckner, llamada Project Management Corporation, quiere presentarse a las licitaciones de infraestructuras del gobierno, pero quedará excluida de las que se reservan para grupos designados.
«La Constitución de Estados Unidos garantiza la igualdad ante la ley, lo que significa que todos los estadounidenses deben ser tratados como individuos y no como miembros de grupos raciales», dijo Daniel Lennington, abogado de Buckner, a The Epoch Times. «La Corte Suprema de EE. UU. y los tribunales de todo el país anularon repetidamente los intentos de dar preferencia por motivos de raza y género».
Sin embargo, no se puede negar que al gobierno de Biden por no deja de intentarlo. En junio de 2021, un tribunal federal de apelación anuló una iniciativa del gobierno de Biden para utilizar criterios raciales en la concesión de pagos federales a los propietarios de restaurantes. Poco después, un tribunal federal bloqueó el intento de Biden de asignar los fondos de ayuda agrícola en función de la raza.
Durante la campaña presidencial de Biden en 2019, se pronunció contra una sociedad estadounidense que, según él, discrimina a las mujeres y a los no blancos. «Es una cultura jurisprudencial inglesa, una cultura de hombres blancos», declaró Biden. «Esto tiene que cambiar».
«En el centro de las políticas de la administración Biden está su firme creencia en la teoría del racismo sistémico», dijo Lennington. «Ellos necesitan implantar estas cuotas y exclusiones y preferencias para satisfacer su propia creencia en esa idea de que Estados Unidos es un lugar sistémicamente racista y que Estados Unidos sigue perpetuando el racismo contra los individuos no blancos». Haciendo caso omiso de una serie de derrotas constantes en los tribunales federales, la administración Biden «va a seguir haciéndolo y no les importa cuántos tribunales les echen abajo», dijo Lennington. «Ellos están dedicados a esta filosofía».
Aunque tanto el gobierno federal como las empresas privadas tienen legalmente prohibido, en virtud de la Ley de Derechos Civiles de 1964, discriminar por motivos de género y raza, esta práctica es cada vez más habitual. En abril de 2021, United Airlines anunció que la mitad de sus nuevas contrataciones de pilotos serían mujeres y «gente de color».
«Nosotros queremos asegurarnos de que estamos aprovechando una gran y profunda reserva de talento y no limitarnos a una sola sección del estanque», declaró el jefe de comunicaciones, Josh Earnest, al anunciar la nueva política.
La ley federal sí permite la discriminación racial si está «estrictamente ajustadas» para compensar casos específicos de discriminación. En 2021 se denunció la discriminación racial contra los agricultores negros por parte del Departamento de Agricultura de EE. UU., basándose en la acusación de que las tres cuartas partes de las solicitudes de ayuda de los agricultores blancos fueron aprobadas, pero sólo el 37 por ciento de los solicitantes negros lo fueron. Sin embargo, si la discriminación racial fue la causa de esta disparidad, los remedios estrechamente ajustados a la ley requieren que el gobierno compense a los individuos específicos que fueron discriminados y no se dirija a grupos enteros de personas.
«Creemos que el gobierno puede curar la discriminación del pasado encontrando a las víctimas de la discriminación y remediando lo que habría ocurrido», dijo Lennington. «Pero lo que está ocurriendo aquí es que el gobierno está eligiendo grupos raciales y dándoles beneficios basados en la discriminación que hallan percibido. Nuestra Constitución, todo nuestro sistema de gobierno está dedicado a la propuesta de que el gobierno debe tratar a todos por igual como individuos. La ley exige la igualdad de trato y estamos haciendo que la administración Biden cumpla con ese principio legal».
Las cuotas basadas en la raza y el género para los contratos federales se remontan a la década de 1970, lo que indica que, después de haber estado en uso durante medio siglo, no están estrictamente ajustadas legalmente ni están logrando su objetivo. La demanda de Buckner exige que se eliminen esos criterios de la Ley de Infraestructuras.
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