El periodista independiente, Yoel Acosta, fue uno de los primeros sancionados con una multa bajo el nuevo Decreto-Ley 35 del régimen comunista este miércoles al hacer su trabajo de reportar la situación de los pobladores de Baracoa en la isla.
Acosta que es colaborador de la agencia independiente cubana, Palenque Visión, y dijo el miércoles al medio cubano Radio Martí que fue multado con dos mil pesos cubanos bajo el nuevo Decreto-Ley 35 (DL-35) publicado el martes por régimen comunista de Cuba.
Además recibió una notificación de advertencia acusándolo de atentar contra la soberanía de Cuba y que a través de su trabajo como periodista «desacreditaba al país con los videos y reportajes que hace», dijo Acosta a Radio Martí.
“Dicen que si yo no sabía que había salido un artículo que ellos habían aprobado donde decía que toda persona se manifestara en contra del gobierno o que mostrara la realidad que vive el cubano iba a ser procesada penalmente y que podían llevarme a prisión por eso”, dijo el periodista al medio cubano, en referencia al Decreto-Ley 35.
El Decreto Ley 35 de telecomunicaciones aprobado este martes por el régimen comunista liderado por Miguel Díaz-Canel, persigue la “subversión social” como un incidente de “muy alta peligrosidad” generado críticas de internautas y organizaciones. Algunos hablan de “ley mordaza”.
Con el DL-35, el régimen comunista de Cuba busca acallar las voces disidentes dentro de la isla a través de las redes sociales y procesar a quienes critiquen al sistema cubano y sus líderes.
El DL-35 tipifica al “ciberterrorismo” como un “incidente de agresión” de un “nivel de peligrosidad muy alto” para aquellas “acciones mediante el uso de las TIC cuya finalidad sea subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado”.
Indicando que serán deberes de los usuarios impedir que las telecomunicaciones o TIC se utilicen para “atentar contra la Seguridad y el Orden Interior del país, transmitir informes o noticias falsas”.
El Artículo 79 del DL-35, el Ministerio de Justicia del régimen dice que: «El que, sin la autorización requerida, de acuerdo con la legislación vigente, importe, comercialice o transfiera por cualquier medio (…) y demás dispositivos para brindar o recibir servicios de telecomunicaciones, se le impone una multa de mil a dos mil pesos si es persona natural; y si es una persona jurídica, de dos mil a cuatro mil pesos».
En diciembre del 2020 Acosta ya había recibido amenazas de la Seguridad del Estado en Baracoa con desaparecerlo si continuaba colaborando con la agencia de noticias independiente Palenque Visión bajo acusaciones de «promover la contrarrevolución», informó en ese momento el periodista a Radio Martí.
Desde el martes, varios internautas denunciaron y rechazaron el Decreto Ley 35 en redes sociales mencionando el hashtag #NoAIDecretoLey35 y otros con #YoDenuncioDecreto35.
Una experta legal sobre el tema, Giselle Morfi, miembro de la organización de derechos humanos Cubalex, en una declaración escribió: «Este es el látigo de la libertad de expresión. Es una norma enfocada en la Seguridad del Estado y no en los derechos de los ciudadanos. La Ley de de Transparencia y Acceso a la información estaba prevista en junio de 2021 en el Calendario Jurídico cubano, en cambio sale esta normativa que lo único que hace es censurar», a través de redes sociales.
Habló acerca de que el intento del régimen por regular a las noticias como «noticias falsas o fake news como delito es muy peligroso».
Morfi puso el ejemplo de la censura a la libertad de expresión que se viven en países con regímenes comunistas o socialistas como China y Venezuela y dijo: «Recordemos lo que ha ocurrido en China y Venezuela, donde sin pruebas concretas de daños reales y con límites discrecionales en dependencia de la autoridad que aplique la norma, pueden sancionar a cualquier persona por ‘ciberterrorismo’, atentando directamente contra la libertad de expresión sin ninguna legitimidad».
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