Periodistas independientes presentaron esta semana una demanda a un tribunal federal en contra del estado de California con la esperanza de revocar una ley estatal de empleo, inusualmente restrictiva y posiblemente inconstitucional, que prohíbe la contratación independiente con excepciones muy limitadas.
Ya se han anunciado en los medios de comunicación de todo Estados Unidos despidos atribuidos a la ley, conocida como AB5, que fue impulsada por los sindicatos para tomar medidas enérgicas contra la llamada economía de concierto o gig, difícil de sindicalizar, representada por empresas como Uber y Lyft.
Después de alabar previamente la legislación como «una victoria para los trabajadores en todas partes», Vox Media, de izquierda, canceló los contratos de más de 200 freelancers que trabajan para su plataforma deportiva SB Nation y los reemplazó con 20 nuevos empleados a tiempo parcial y completo, informa Reason. La ley AB5 «hace que nos sea imposible continuar con nuestra estructura actual de sitios de equipo de California porque impide que los contratistas produzcan más de 35 ‘presentaciones’ de contenido por año», según John Ness de SB Nation.
Las divisiones en el estatuto tratan a los periodistas independientes peor que a otras profesiones en las que se dedican al discurso garantizado por la Primera Enmienda, dicen los denunciantes en la nueva demanda.
Las presentaciones de escritores y fotógrafos a una publicación están, como dijo Ness, limitadas a 35 piezas de contenido cada año. Para ir más allá del límite, deben convertirse en empleados regulares. Los periodistas que graban audio o video tampoco tienen la capacidad de trabajar solos.
La demanda fue presentada por la Sociedad Estadounidense de Periodistas y Autores Inc. (ASJA) y la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa (NPPA), quienes dicen que la nueva ley hace imposible que sus miembros puedan ganarse la vida. Fundada en 1948, ASJA tiene unos 120 miembros en California, mientras que NPPA (constituida en 1946) tiene 536 miembros en el Estado Dorado.
La ley AB5 fue promulgada aparentemente para ayudar a los trabajadores al evitar su «clasificación errónea».
Adopta la llamada prueba «ABC» para determinar el estado de los empleados, de acuerdo con el Instituto de Política Económica (EPI) financiado por sindicatos. La prueba estipula que los trabajadores solo pueden considerarse contratistas independientes cuando una empresa demuestra que los trabajadores “a. Están libres de control y dirección por parte de la empresa contratante; b. Realizan trabajos fuera del curso normal de la empresa que los contrata; y c. Están establecidos de manera independiente en ese oficio, ocupación o negocio».
«Los trabajadores que no cumplen con estas tres condiciones deben ser clasificados como empleados a los efectos de la protección estatal de salarios y horas», según EPI. «La ley AB5 ayudará a garantizar que los trabajadores de California que realizan trabajos básicos, bajo el control de una compañía, en lugar de hacerlo como negociantes independientes, tengan acceso a protecciones laborales básicas y a beneficios que se les niegan a los contratistas independientes, incluyendo protecciones de salario mínimo y horas extras, días de enfermedad pagados, beneficios de compensación laboral y beneficios de seguro de desempleo».
La demanda, citada como ASJA v. Becerra, se presentó el 17 de diciembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Central de California. Los demandantes esperan obtener una orden judicial contra la ley, conocida como AB5, antes de que entre en vigencia el día de Año Nuevo.
La oficina del Fiscal General de California, Xavier Becerra, demócrata a cargo de hacer cumplir la AB5, solo ofreció un breve comentario a The Epoch Times.
«No hemos sido notificados todavía», dijo un representante sobre la queja legal.
Jim Manley, abogado de la Pacific Legal Foundation (PLF) dijo: «Estamos argumentando que la prensa no puede ser objeto de un trato especialmente negativo».
PLF es una firma de abogados de interés público nacional con sede en Sacramento, California. Fundada en 1973, se describe a sí misma como defensora de «estadounidenses amenazados por la extralimitación y abuso del gobierno».
«La razón por la que es inconstitucional es porque trata a la prensa como freelancers de segunda clase», dijo en una conferencia telefónica para periodistas el 18 de diciembre. Según la nueva ley, «se pueden escribir los comunicados de prensa [como empleado de la empresa], pero si se escribe sobre los comunicados de prensa, entonces eso es diferente».
«Tratar a los periodistas de manera diferente basándose únicamente en el contenido de su discurso es totalmente inconstitucional», dijo Manley. «El gobierno no puede identificar a los periodistas y negarles la libertad de trabajar como trabajadores independientes».
Los miembros de las dos organizaciones que demandan al estado de California explicaron en diferentes declaraciones por qué quieren que se revoque la AB5.
«Según la ley, un profesional independiente como yo puede escribir más de 200 comunicados de prensa en un año para una empresa de marketing, y no hay problema», dijo el escritor independiente de San Diego Randy Dotinga, miembro de la junta y expresidente de ASJA. “Pero si un periódico quiere que escriba una columna semanal sobre política local, debe violar la ley o incluirme en el personal, una perspectiva muy poco probable. De lo contrario, estoy silenciado.
«Desde los primeros informes de la presentación de este proyecto de ley, NPPA ha expresado su preocupación por el tratamiento arbitrario e injusto hacia los periodistas visuales independientes bajo sus términos», dijo el presidente de NPPA, Michael P. King.
«Desafortunadamente, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para enmendar el lenguaje del proyecto de ley, los legisladores se mostraron indiferentes y no respondieron a nuestras súplicas».
Los abogados avanzarán con una moción para una orden judicial preliminar que bloquee la ejecución de la AB5, una vez que un juez haya sido asignado al caso, dijo Manley.
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