La llamada «guerra» contra las pandillas lanzada desde finales de marzo por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se extendió de las calles a la justicia con unas reformas penales aprobadas por el Legislativo, que para el gremio de periodistas representan una «censura» y «criminalizan» su trabajo.
Una de estas enmiendas, impulsadas por el presidente Nayib Bukele, castiga hasta con 15 años de prisión la publicación de «cualquier manifestación escrita» que aluda al «control territorial» de las pandillas en El Salvador, lo que ha levantado la alarma entre los periodistas y organismos internacionales.
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción tras una oleada de asesinatos a finales de marzo y, además de esta medida extraordinaria, el Congreso aprobó, a propuesta de Bukele, el endurecimiento de penas para pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos.
El nuevo paquete de enmiendas prohíbe a los medios de comunicación «la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población».
Con la iniciativa de Bukele, que comparó con la lucha alemana contra el nazismo, se declararon también ilegales los grafitis o «cualquier expresión visual» que «explícita o implícitamente transmitan mensajes» de las pandillas.
En las diferentes comunidades de El Salvador es común observar grafitis para marcar una especie de frontera entre las zonas con presencia de grupos de pandillas contrarios.
«Reforma mordaza» y «censura previa»
Los representantes de la ONG Mesa de Protección a Periodistas, que agrupa a diferentes organizaciones, advirtieron que las reformas son un paso más en el camino para «violentar» el derecho a la libertad de prensa y «profundización de la mentira en los discursos del oficialismo» contra los comunicadores.
«Se ha comenzado a profundizar este discurso de que los periodistas estamos defendiendo pandillas, eso no es cierto, hay que dejarlo claro», dijo Serafín Valencia, relator para la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Valencia añadió que las enmiendas son contrarias a la Constitución, al representar una «censura previa», prohibida en la carta magna.
En tanto, César Castro Fagoaga, presidente de la APES, afirmó en una conferencia de prensa que esta «reforma mordaza» es «un claro intento de censura a los medios de comunicación».
Posibilidad de periodistas presos
El titular de la APES alertó, además, que con la reforma ven «muy cerca» la posibilidad de que en El Salvador se arreste a periodistas.
«Se está tratando de legitimar, a través de decretos espurios, que esta posibilidad (la de ser detenidos) se concrete» y «es para ponerle un apellido de legal a cualquier abuso que venga», subrayó.
En octubre de 2020, el entonces director de El Faro, José Luis Sanz, señaló el temor de capturas en represalia por sus investigaciones.
En ese sentido, Castro Fagoaga recordó que los casos más sonados de corrupción, como las negociaciones de políticos con pandillas, se han conocido primero por la prensa y no por el Ministerio Público.
«Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad», agregó el periodista.
El camino de Maduro y Ortega
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), consideró, por su parte, que la reforma «busca silenciar a los medios de comunicación independientes» y, a su juicio, Bukele «sigue pasos de (Daniel) Ortega, (Nicolás) Maduro y compañía».
También señaló la «vaguedad» de las enmiendas y dijo que buscan «amedrentar» a la prensa.
En tanto, la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, calificó de «grave» esta «reforma que criminaliza hasta pintar un grafiti sobre maras y la publicación de información sobre ellas en medios si generan ‘zozobra'».
«¿Decidirá Nayib Bukele por Twitter, su Asamblea Legislativa, o sus jueces quién va preso hasta 15 años por esto?», agregó.
Este miércoles, Taraciuk también publicó que se necesitan «pronunciamientos fuertes de la OEA, de la Unión Europea y de Gobiernos de la región».
«No es posible que no exista una condena unánime a nivel global ante las barbaridades que estamos viendo en El Salvador», sostuvo.
Bukele compara iniciativa con lucha contra nazismo
El presidente salvadoreño comparó esta medida con la lucha de Alemania por erradicar el nazismo.
«Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo», escribió el mandatario en Twitter.
Añadió: «Nadie dijo nada, era entendible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas».
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones y generado picos de violencia a través de los años.
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