Un tribunal federal de circuito confirmó el jueves la constitucionalidad de una ley de Tennessee que obliga a los médicos a proporcionar a las mujeres embarazadas que deseen abortar materiales sobre la seguridad del procedimiento y a hacerles esperar dos días antes de realizarlo.
«El periodo de espera de 48 horas para abortar en Tennessee es aparentemente constitucional. La ley se apoya en una base racional, y no es un obstáculo sustancial para el aborto para una gran fracción de mujeres que buscan abortos antes de la viabilidad en Tennessee», escribió el juez del Tribunal de Circuito Amul Thapar en una opinión.
La decisión es el último paso en una saga legal de décadas en torno a la regla de las 48 horas. El estado promulgó la ley por primera vez en 1978, pero un tribunal federal la bloqueó basándose en un caso anterior a Planned Parenthood contra Casey, un caso en el que la Corte Suprema defendió un periodo de espera de 24 horas para abortar.
Después de que se decidiera el caso Planned Parenthood contra Casey, la Corte Suprema de Tennessee dictaminó en 2000 que la ley violaba la constitución del estado. Los votantes de Tennessee respondieron a esa decisión modificando la constitución del estado para especificar que no protege el derecho al aborto.
Después de enmendar la constitución del estado, Tennessee volvió a promulgar una ley de 48 horas, que exigía a los médicos proporcionar a las madres embarazadas cierta información, como la edad del niño, las alternativas al aborto y los riesgos médicos del aborto y del embarazo. La ley incluía una excepción para las emergencias médicas.
Un grupo de proveedores de abortos presentó una demanda pero no solicitó la suspensión de la ley. La ley entró en vigor en 2015 y permaneció en vigor durante cinco años. Los demandantes alegaron que la ley era inconstitucional y que imponía una carga a las madres que querían abortar.
Thapar señaló que mientras la ley estuvo en vigor, el nivel de abortos siguió siendo el mismo en el estado, ya que cada año se abortaron unos 10,000 niños no nacidos después de la aprobación de la ley.
El año pasado, un tribunal de distrito celebró un juicio y dio la razón a los demandantes, declarando que la ley era inconstitucional porque imponía una carga indebida a las mujeres que buscaban abortar.
La jueza Karen Nelson Moore fue la única de los 16 jueces del circuito que disintió de la decisión.
«Una mirada honesta al expediente solo permite llegar a una conclusión: una ley que se alimenta del estigma, que obliga a las mujeres a someterse a procedimientos quirúrgicos innecesarios e invasivos y que obliga a las mujeres de bajos ingresos a sacrificar necesidades básicas para ellas y sus familias con el fin de obtener un aborto no es más que una carga indebida», escribió Moore. «Disiento».
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