El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá revelar al perito especial los nombres de los abogados y empleados que tendrán acceso a los documentos y materiales incautados durante la redada del mes pasado a Mar-a-Lago, y él no tendrá que divulgar esa información al Departamento de Estado (DOJ).
El juez de distrito, Raymond Dearie, en una orden de protección (pdf) emitida el fin de semana pasada, se puso del lado de los abogados de Trump después de que los abogados del Departamento de Justicia pidieran a la corte que el equipo legal de Trump proporcione «los nombres y cargos» de cualquier abogado u otro personal que revisaría los materiales y documentos incautados.
«Los Materiales Incautados producidos por el gobierno son confidenciales y no se divulgarán a nadie más que al Perito Especial, su personal, el abogado admitido [de Trump] registrado en este caso, el personal que apoya al Abogado del Demandante (como asistentes legales, secretarias, taquígrafos y empleados administrativos) que estén trabajando en este caso”, dice la orden del juez.
Los abogados de Trump deben darle a Dearie los «nombres y cargos de cualquier miembro del personal que el abogado del demandante propone para revisar los materiales incautados», según la orden. El juez también autorizó que a los proveedores de servicio que estén «aprobados por el Perito Especial o esta Corte» puedan realizar «escaneo, almacenamiento, revisión o procesamiento de copias electrónicas de los Materiales Incautados».
Antes de poder proceder, todas las personas, incluidos los proveedores, deberán firmar un reconocimiento de las reglas y limitaciones establecidas en la orden de protección judicial.
“Las violaciones de esta Orden de Protección Judicial serán punibles con desacato ante una corte o cualquier otra sanción legalmente disponible que la Corte considere apropiada”, escribió Dearie. «Todas las partes a las que se les revelan los Materiales Incautados de acuerdo con esta Orden de Protección Judicial dan su consentimiento y se someten a la jurisdicción de esta Corte con el fin de hacer cumplir esta orden».
Más detalles
La semana pasada, la Corte de Apelaciones del 11° Circuito ordenó que se le permita al Departamento de Justicia reanudar la revisión de los documentos supuestamente clasificados con fines de investigación. La orden de apelación dice que el departamento no tiene que entregar los documentos a Dearie ni a los abogados de Trump hasta que la corte de apelaciones emita su fallo final.
Mientras tanto, Dearie le dio a ambos, al equipo de Trump y al Departamento de Justicia hasta el 27 de septiembre para celebrar un contrato con un proveedor que pueda almacenar documentos y procesar esos documentos de papel a formato electrónico.
En las redes sociales, Trump ha sostenido que el FBI apuntó contra su propiedad de Mar-a-Lago en un ataque por motivos políticos para dañar sus futuras posibilidades políticas. Es más, el expresidente dijo que había desclasificado los documentos que fueron incautados por el FBI.
Durante una entrevista la semana pasada, Trump le dijo a Sean Hannity de Fox News que, como presidente, tenía amplios poderes de desclasificación.
“Diferentes personas dicen cosas diferentes, pero según tengo entendido, si uno es el presidente de Estados Unidos, puede desclasificar solo diciendo que está desclasificado, incluso por pensar en ello”, remarcó Trump.
«Porque uno lo envía a Mar-a-Lago o a donde sea que lo envíe, no tiene que haber un proceso. Puede haber un proceso, pero no tiene que haberlo”, agregó Trump. “Usted es el presidente (…) usted toma esa decisión”.
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