El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Nicaragua concluyó hoy martes que la persecución de la disidencia en el país centroamericano se ha recrudecido en el último medio año y que esta se adapta de acuerdo al lugar donde la persona perseguida se encuentra, sea dentro o fuera del país.
En el segundo informe que ha presentado al Consejo de Derechos Humanos (instancia que acordó su creación), el grupo de expertos también señaló que nada ha cambiado con respecto a su hallazgo de que en Nicaragua se está cometiendo desde 2018 el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos.
Esta denuncia la hizo inicialmente el pasado marzo, cuando responsabilizó de ello al líder Daniel Ortega y a su esposa y la número dos del régimen, Rosario Murillo.
En esa misma investigación se determinó que ambos habían puesto a todo el aparato estatal al servicio de sus fines y de la impunidad que les rodea.
El presidente del Grupo, el alemán Jan-Michael Simon, dijo hoy ante el Consejo de Derechos Humanos que el ensañamiento del régimen con las personas que considera opositoras busca obligarlas a exiliarse, como ocurrió el pasado febrero con más 220 personas a las que despojó ilegalmente de su nacionalidad y expulsó del país.
Denunció como un caso flagrante el de la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, que sigue en Nicaragua a pesar de vivir bajo amenazas y despojada de su nacionalidad; o la de monseñor Rolando Álvarez, quien se negó a abandonar Nicaragua y está detenido arbitrariamente.
A los que están en el extranjero se les niega el retorno y también se les priva de su nacionalidad, con más de 300 casos de este tipo registrados por el Grupo de Trabajo.
Otras violaciones incluyen la eliminación de los registros de nacimiento, la confiscación de bienes, incluidas viviendas, y la cancelación del pago de pensiones, así como amenazas de las autoridades contra familiares en Nicaragua.
La instancia investigadora instó al gobierno de Ortega a permitir que sus miembros entren al país para ampliar sus indagaciones, y que autorice el acceso de organismos neutrales, como la Cruz Roja Internacional, a los centros de detención donde hay opositores reales o percibidos como tales para verificar sus condiciones.
A la comunidad internacional, les pidió que faciliten el acceso de los nicaragüenses sin nacionalidad a los procedimientos de identificación y que, en la medida de lo posible, les facilite la naturalización.
También les solicitó apoyo para los estudiantes exiliados y a los que los organismos educativos oficiales de Nicaragua les niegan toda documentación de los estudios cursados.
En el turno de réplica, la delegación nicaragüense negó la misma legitimidad del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Nicaragua, aprobado por «una resolución impuesta unilateralmente que no goza ni gozará de nuestra aceptación ni del consenso de la mayoría de los miembros de este Consejo».
«Forma parte de la estrategia y manipulación que pretenden algunos países imperialistas en su afán decadente de interferir en los asuntos de Estados soberanos dignos y libres como Nicaragua», afirmó la delegación.
El Consejo de Derechos Humanos, añadió, «no puede servir de caja de resonancia de políticas rancias intervencionistas de algunos miembros».
El informe actualizado de los expertos, añadió, «está plagado de mentiras y desinformación que solo justifican las inhumanas sanciones en contra de Nicaragua», con fuentes que «carecen de legitimidad e imparcialidad».
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