La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este lunes enviar a debate y votación del pleno legislativo un informe que plantea acusar y destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la Judicatura peruana, por una presunta infracción constitucional.
La Comisión Permanente realizó la votación del informe de manera separada por cada uno de los siete integrantes de la JNJ, que en cada caso recibió el apoyo mayoritario de parlamentarios de grupos de derecha y conservadores, así como del partido marxista Perú Libre.
El informe había sido aprobado el pasado 16 de febrero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo, que recomendó acusar e inhabilitar durante 10 años al pleno de la JNJ.
La propuesta fue sustentada por el congresista derechista Esdras Medina, a partir de una denuncia constitucional del legislador ultraconservador Jorge Montoya contra los magistrados por haber permitido que la jurista Luz Tello siga en funciones a pesar de haber superado el límite de edad de 75 años para ejercer el cargo.
En un primer momento, el informe solo planteaba acusar a seis de los magistrados por infracción constitucional y que fuera la Fiscalía la que los investigue, pero luego Medina añadió una propuesta para destituirlos e inhabilitarlos e incorporó a Tello.
Durante el debate del informe de este lunes, el miembro de la JNJ Aldo Vásquez dijo que la Constitución peruana «establece un único mandato de cinco años, sin disponer expresamente un límite de permanencia por límite de edad».
«El Congreso no puede interferir en el criterio que los miembros de la junta adoptan en el cumplimiento de sus funciones», remarcó.
El abogado Samuel Abad, defensor de tres de los miembros de la JNJ, sostuvo que «lo que está pidiendo el informe es que los integrantes de la junta violen la Constitución» y defendió «el derecho de permanencia en la función pública».
Por su parte, el abogado Omar Cairo, defensor de la magistrada Tello, sostuvo que «este es un juicio político y jurídico» y consideró que «son acusaciones sin sustento, que lo que hacen es privar de sus funciones a instituciones independientes».
Medina replicó que los magistrados y sus defensores le «faltan el respeto» al Congreso al cuestionar el informe y ratificó que «estos señores han infringido la Constitución política».
«Por eso deben ser destituidos», enfatizó.
El pasado 2 de febrero, la Justicia de Perú declaró fundada una demanda de amparo que presentaron los miembros de la JNJ para que se anulara otro proceso iniciado en el Congreso que también pretendía destituir a sus integrantes.
La decisión judicial exhortó al Congreso a que legisle sobre la tipificación de las conductas de los miembros de la JNJ que constituirían «causa grave» para la remoción de sus cargos, conforme al artículo 157 de la Constitución.
El Poder Legislativo y el máximo órgano de la judicatura mantienen un enfrentamiento desde el año pasado, cuando la Comisión de Justicia del Congreso también recomendó destituir a los magistrados de la JNJ por supuestas «faltas graves».
Ahora, el informe aprobado por la Comisión Permanente deberá ser debatido y votado por el pleno del Congreso en marzo próximo, cuando comenzará la siguiente legislatura.
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