El pleno del Congreso peruano aprobó este jueves una resolución presentada por el Ejecutivo para permitir que se retomen las operaciones de interceptación aérea y la asistencia conexa entre Perú y Estados Unidos en la lucha contra el trafico ilícito de drogas.
La decisión fue tomada con 67 votos a favor y dio luz verdad al proyecto de resolución legislativa 6672, que propuso aprobar el acuerdo bilateral para la implementación del convenio para combatir el uso indebido, la producción y el tráfico Ilícitos de drogas, suscrito 23 de julio de 1996, y acerca de la interceptación aérea y la asistencia conexa de Estados Unidos.
La Junta de Portavoces acordó el pasado 16 de abril exonerar del plazo de publicación a este dictamen, que fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento.
El proyecto de resolución legislativa fue presentado al Congreso el 15 de diciembre de 2023 por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, junto con un «expediente de perfeccionamiento interno».
El documento precisó que el acuerdo suscrito en 1996 «tiene por objeto regir el programa de interceptación aérea que llevará a cabo el Perú con la asistencia de los Estados Unidos de América siguiendo los procedimientos operativos y de seguridad en el espacio de interceptación aérea definidos en el propio acuerdo».
Tras conocerse la aprobación por el pleno del Congreso, la Presidencia de Perú precisó en la red social X que, con esta medida, «el Gobierno refuerza la lucha contra el narcotráfico», ya que «permitirá reanudar los vuelos de interceptación de aeronaves sospechosas de transportar droga».
«La norma facilitará una mayor colaboración entre el Perú y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, lo que incluye que nuestro país recibirá apoyo financiero, datos de radares, además de asistencia operativa, de capacitación, de inteligencia y logística, entre otras», agregó.
Por su parte, el canciller peruano, Javier González-Olaechea, señaló en la red social que aplaude la decisión del Congreso que, según indicó, «coadyuvará a enfrentar el tráfico ilícito de drogas y los desafíos de la delincuencia organizada transnacional».
En agosto del año pasado, el entonces primer ministro, Alberto Otárola, anunció que Estados Unidos había levantado el bloqueo de interdicción aérea no letal de vuelos ilícitos para combatir el narcotráfico, una medida impuesta en 2001 por el derribo de una avioneta con misioneros estadounidenses en Perú.
Tras indicar que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) volvería a recibir la cooperación para realizar la interdicción aérea en el territorio nacional, Otárola aseguró que el Gobierno iba «a actuar sin contemplaciones para interceptar las avionetas de bandas y carteles del narcotráfico».
Aunque estas actividades se retomaron en 2005, la cooperación estadounidense volvió a interrumpirse por la aprobación de una ley sobre el control y vigilancia del espacio aéreo, que ocasionó que el Gobierno de Estados Unidos restringiera nuevamente su colaboración con Perú.
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