El Gobierno de Perú declaró este lunes el «estado de emergencia» en la Red Vial Nacional durante 30 días y restringió derechos constitucionales como el libre tránsito por las carreteras en el primer día de un paro indefinido anunciado por los transportistas de carga pesada que, de momento, no ha generado mayores incidentes.
La medida fue publicada en el diario oficial El Peruano, donde se detalló que «la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas» en las zonas en emergencia.
El decreto suspendió, también, «los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales» en la red vial.
La norma, firmada por el gobernante Pedro Castillo y refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y los ministros del Interior, Defensa y Justicia y Derechos Humanos, indicó que la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a las leyes que regulan «el empleo y el uso de la fuerza» en el país.
La decisión del Ejecutivo se produjo en el primer día del paro indefinido anunciado por un sector del gremio de transportistas de carga pesada, que exige la restitución del transporte de mercancías como servicio público, la reducción en el precio del diésel y la regulación de peajes luego de la revisión de los contratos con las concesionarias, entre otros reclamos.
Hasta la noche del domingo, representantes del gobierno de Castillo y dirigentes sindicales dialogaron para intentar hallar una solución a las demandas del sector, pero las negociaciones no permitieron que todos los gremios acepten levantar la medida de fuerza.
El ministro de Economía, Oscar Graham, anunció, sin embargo, que el Ejecutivo sí logró un acuerdo con el sector de transportistas interprovinciales, que agrupa a unos 100,000 conductores de autobuses y también amenazaba con paralizar sus labores este lunes.
Por ahora, no se han reportado bloqueos importantes en carreteras y la huelga de camioneros está teniendo un seguimiento poco masivo, debido a las discrepancias que mantienen dividido al gremio.
Un sector sindical, que acusa al paro de tener supuestos «fines políticos», levantó la huelga hasta el 18 de julio, según declararon sus dirigentes a medios locales.
Para la jornada de este lunes, el Ministerio del Interior desplegó a más de 100,000 agentes policiales para garantizar el orden y la seguridad en todo el país, mientras que el Gobierno regional de Lima Provincias suspendió las clases presenciales en los centros educativos estatales y privados de su jurisdicción para salvaguardar la seguridad de los estudiantes.
Se trata del segundo paro del gremio de transportes de carga pesada al que se enfrenta el gobierno de Castillo en sus once meses de gestión, ya que en abril pasado una huelga del sector desató bloqueos en decenas de vías del país y una protesta masiva en Lima ante el polémico toque de queda que decretó el mandatario para el 5 de abril.
Aquella semana, que se saldó con seis víctimas mortales y decenas de detenidos, el Ejecutivo también declaró el estado de emergencia en la red vial.
Anuncian nuevo paro urbano
Este lunes, los transportistas de servicio público de Lima y Callao anunciaron otro paro para el próximo 4 de julio debido, principalmente, al alza del precio de los combustibles.
«Nosotros, como transportistas urbanos, también hemos creído necesario ir a una paralización porque es imposible poder continuar con un combustible que ha subido en los últimos meses en más del 80 %», declaró el presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, en diálogo a ATV Noticias.
El dirigente agregó que entre sus pedidos está un subsidio a los pasajeros para evitar el aumento de las tarifas.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros felicitó «la capacidad de negociación de los transportistas de buena voluntad» y de los funcionarios estatales que lograron acuerdos para que la paralización convocada para este lunes no sea masiva.
«El libre tránsito de carga y de pasajeros están garantizados en todo el país, así como el abastecimiento de alimentos», remarcó Torres en un mensaje publicado en Twitter.
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