El Gobierno peruano oficializó este viernes la anunciada promulgación del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y su provincia aledaña de Callao para combatir la inseguridad ciudadana a raíz de la ola de extorsiones que ha puesto el foco en el transporte colectivo de la capital.
El decreto supremo firmado por la presidenta Dina Boluarte fue publicado en una edición extraordinaria del boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, después de ser anunciado el jueves por el Consejo de Ministros tras el paro de transportistas en Lima y Callao.
El estado de emergencia estará vigente por 60 días en los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador en Lima.
Asimismo, en el distrito de Ventanilla en la provincia constitucional del Callao.
Bajo ese estado de excepción, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas previamente determinadas.
Además, se aplica la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.
La intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se efectúa de acuerdo al decreto que regula el uso de la fuerza y el protocolo de actuación conjunta para la articulación de servicios en contextos de detención a mujeres y personas vulnerables.
El Ministerio del Interior gestionará, a favor de la Policía, las medidas requeridas por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Migraciones, entre otras entidades y gobiernos regionales y locales, para el cumplimiento de lo dispuesto.
Los empresarios del transporte urbano que se han declarado víctimas de extorsiones han dado una tregua de 30 días al gobierno de Boluarte para observar si el estado de emergencia logra un avance contra estos delitos, pues en caso contrario retomarán los paros de su actividad, según manifestaron a la prensa local.
Por su parte, una veintena de gremios empresariales de Perú denunciaron que el crimen organizado ha conformado un «gobierno en paralelo» que está «ganando la batalla» al Estado y destruyendo el país, por lo que exigieron al Congreso que tipifique la extorsión como delito de terrorismo urbano.
En un comunicado publicado en la red social X, los gremios congregados en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) señalaron que el Parlamento debe aprobar «en el más breve plazo», el proyecto de ley que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como terrorismo urbano.
Asimismo, endurecer las penas para quienes los cometan, y derogar la última modificación al Código Penal que, afirman, «relajó la persecución del delito de crimen organizado».
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