El Gobierno de Perú denunció este viernes que varios de sus funcionarios diplomáticos en México han recibido amenazas de muerte y solicitó al Gobierno de ese país, con el que mantiene un enfrentamiento político e ideológico, que otorgue garantías de seguridad a sus representantes.
«Condenamos las amenazas recibidas en la sede de la misión diplomática del Perú en México», escribió el primer ministro peruano, Alberto Otárola, en un mensaje publicado en Twitter.
Otárola agregó que «se debe investigar el origen de estos hechos repudiables» y que el Gobierno peruano solicita «garantías para la vida y seguridad» de sus funcionarios y personal administrativo que trabaja en ese país.
Condenamos amenazas recibidas en la sede de la misión diplomática del Perú en México. Se debe investigar el origen de estos hechos repudiables y solicitamos garantías para la vida y seguridad de nuestros funcionarios y personal administrativo que laboran en ese país.
— Alberto Otárola (@AlbertoOtarolaP) June 2, 2023
La Cancillería peruana detalló, en un comunicado posterior, que durante la noche del pasado miércoles el encargado de Negocios de Perú «recibió una amenaza de muerte, a través de un mensaje anónimo enviado vía Whatsapp al celular de emergencia» del Consulado General en la Ciudad de México.
En una posterior declaración ante periodistas, Otárola señaló que ha «escuchado la grabación» y que «las amenazas son serias», por lo que solicita al Gobierno mexicano «las garantías para la integridad, la vida» de los diplomáticos, «que son el encargado de negocios, más tres diplomáticos en nuestra embajada y otros tantos diplomáticos en el Consulado de Perú».
El primer ministro recordó que las relaciones diplomáticas entre ambos países se encuentran a nivel de encargados de negocios, pero dijo que «este caso es un tema que no queremos soslayar» porque se trata de «una grabación muy amenazante e intimidante».
La reacción de las autoridades
La Cancillería agregó, por su parte, que tras recibir las amenazas, «de inmediato se dio cuenta a la Policía mexicana y se formuló la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de ese país».
También se envió una nota diplomática a la Cancillería de México solicitando que «se realicen las investigaciones correspondientes y se brinden las seguridades y garantías» a los funcionarios peruanos, por lo que «las autoridades mexicanas han reforzado la seguridad en la sede de la Embajada, la sede consular» y en la vivienda del Encargado de Negocios.
El comunicado añadió que la Agregaduría Policial de Perú en México está «en contacto permanente con las autoridades policiales de ese país haciendo seguimiento del caso y de las investigaciones» y que las labores de la Embajada y el Consulado General en México «continúan desarrollándose con normalidad».
El pleno del Congreso peruano declaró el jueves pasado persona non grata al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la presidencia de la Alianza del Pacífico.
El gobernante mexicano califica de «usurpadora» a la mandataria Dina Boluarte y considera que debería dejarle «la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo», quien está preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado.
López Obrador reitera, además, que México no le entregará la Presidencia de la Alianza del Pacífico a Boluarte «porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú».
En medio de este enfrentamiento político e ideológico, Perú anunció a fines de febrero pasado el retiro permanente de su embajador en México y señaló que la relación bilateral quedaba reducida a encargados de negocios.
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