Perú expulsará a los ciudadanos extranjeros sentenciados cuando cumplan sus condenas por homicidio, violación sexual o sicariato, entre otros delitos graves, según decreto legislativo aprobado por el Consejo de Ministros.
Tras una sesión del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, explicó a la prensa que el primero de los decretos aprobados «permite la expulsión de extranjeros, al término de su pena, cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro, trata (de personas), y otros más».
Además, el primer ministro detalló que un segundo decreto «modifica el Código Procesal Penal respecto al control de identidad policial y plena identificación del extranjero».
Hasta ahora, la Policía Nacional del Perú solo tenía cuatro horas para esa tarea, lo cual «promovía la impunidad», pero ahora el plazo se ha extendido a 12 horas, agregó Otárola.
«Hemos visto que una condición esencial para un adecuado desarrollo de las actividades de los peruanos está en darles las facilidades para el libre transito y la protección de su integridad y su vida, y esto último viene siendo afectado ostensiblemente por ciudadanos extranjeros, que son además ilegales e indocumentados», manifestó el jefe del gabinete.
Otárola insistió en que las nuevas normas «van a permitir no sólo poner un coto a este exagerado numero de ciudadanos que están en Perú de manera ilegal, sino también a considerar la flagrancia, porque se está creando una nueva figura delictiva, que guarda relación directa con las actividades ilícitas de estas personas».
«Quedan notificadas aquellas personas que, de manera ilegal, cometen ilícitos y que además no tienen ninguna documentación en regla en nuestro territorio», apuntó.
A su vez, el ministro del Interior, Vicente Romero, declaró que «estos decretos legislativos fortalecerán enormemente la forma de actuar de la Policía Nacional, siendo más efectiva» en el combate a la delincuencia.
Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, agregó que el decreto legislativo aprobado evitará el reingreso al país de extranjeros que hayan sido expulsados administrativamente o sancionados penalmente.
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