El presidente del consejo de ministros de Perú, Alberto Otárola aseguró este domingo que existen «indicios y pruebas» sobre el ingreso de proyectiles procedentes de Bolivia.
Esto luego de las crecientes denuncias tanto dentro de Perú como desde el exterior del país acerca de que estarían ingresando municiones desde Bolivia que habrían sido utilizados durante las protestas recientes.
Las protestas violentas desde que iniciaron el 7 de diciembre pasado tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, tienen un saldo de 50 personas fallecidas de manera directa o indirecta.
“La fiscalía acaba de declarar está investigación como compleja”, inició diciendo Otárola durante una entrevista en el programa “Punto Final” del medio peruano Latina Noticias, al ser cuestionado sobre los indicios que tiene el gobierno sobre las municiones que ingresan al país procedentes de Bolivia.
“Existen indicios y pruebas de que así ha sido”, agregó. Y señaló que “no solamente ha habido un trasiego de material de Bolivia a acá [Perú], sino un trabajo también sistemático y permanente de algunos expresidentes para no solamente azuzar a la población sino hablar claramente de insurrección”.
Desde la semana pasada, incrementaron las denuncias por parte de funcionarios latinoamericanos acerca de que el expresidente boliviano Evo Morales estaría influenciando en las protestas violentas desatadas en la región sureña de Puno, en Perú. Los denunciantes incluyen a la congresista chilena Chiara Barchiesi, y al diputado boliviano Erwin Bazán.
“El señor Evo Morales ha hablado de una insurrección en el país. Pero bueno, el señor Evo no entrará en el país hasta que la situación cambie”, señaló Otárola, agregando que el gobierno está trabajando para establecer diálogos especialmente en las regiones de Puno y Cusco.
Dentro del país, una denuncia penal contra el exmandatario boliviano Evo Morales hecha por el congresista peruano Jorge Montoya (Renovación Popular) permitió que la Fiscalía del país iniciara una investigación la semana pasada. Montoya denunció la semana pasada que el grupo de campesinos “Ponchos Rojos”, afines al Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, ingresaron a Perú con municiones.
El viernes, la fiscalía de Puno abrió investigación contra Morales, contra el exgobernador regional, Alejo Apaza, y contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el presunto delito contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria-Atentado contra la Soberanía Nacional, según informó el medio local El Comercio.
Dentro de las acciones previstas a cargo del fiscal Efraín Mallea Claros de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, se prevé que el próximo 7 de marzo se tome la declaración de Morales y también se espera que Apaza y Cerrón comparezcan.
En la denuncia penal, según el medio, se citan declaraciones y presuntas acciones de los implicados, que estarían destinadas a “unir la región de Puno al Runasur, organización creada por Evo Morales”.
“Se ha generado un grave conflicto social que viene siendo utilizado, incentivado y aprovechado por intereses subalternos de los denunciados y sus asociados, cuyo objetivo es la secesión de parte de nuestro territorio para formar un estado independiente”, agrega la denuncia, según el Comercio.
Evo Morales ha dicho abiertamente en el pasado que su meta, a través de Runasur, es unir a los movimientos indígenas de Sudamérica para luchar contra el “capitalismo, el imperialismo y el colonialismo”.
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