Migraciones de Perú prohibió el ingreso de dos magistrados venezolanos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por el régimen de Nicolás Maduro.
Los magistrados Indira Maira Alfonzo Izaguirre y Arcadio Delgado Rosales intentaban participar en la segunda reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se desarrolla en Lima desde el 2 de octubre. Ambos fueron retenidos en el ingreso del territorio peruano el 1 de octubre, comunicó el TSJ.
Fueron enviados por Maduro conociendo el hecho que Perú, como parte del Grupo de Lima, acordó el 4 de enero “impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima”, después de considerar ilegítima su presidencia.
También prohibió el ingreso al país de Maduro y de sus familiares, además de disponer el bloqueo de sus transferencias bancarias.
Los países integrantes del Grupo de Lima consideraron que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 careció de legitimidad “por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”.
Pese a todo, Maduro envió a la magistrada Alfonzo, primera vicepresidenta de la Corte del TSJ, y el magistrado Delgado,Vicepresidente de la Sala Constitucional del TSJ. Ambos también están en una lista de sancionados por el gobierno de Canadá y Estados Unidos.
El 18 de mayo de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Arcadio Delgado como uno de los ocho funcionarios de Maduro miembros del TSJ, responsable de una serie de sentencias judiciales que habían “usurpado la autoridad de la legislatura elegida democráticamente de Venezuela, la Asamblea Nacional”, que asumió en enero de 2016.
El OFAC dijo que Delgado fue uno de los que permitió que Maduro “gobierne mediante un decreto de emergencia, restringiendo así los derechos y frustrando la voluntad de las personas venezolanas”.
También emitió fallos con los restantes magistrados que no fueron reconocidos por la comunidad internacional y que buscaban limitar la capacidad de la Asamblea Nacional (AN) para llevar a cabo sus deberes constitucionales.
En septiembre de 2016, Delgado y los restantes magistrados declararon que ciertos actos de la Asamblea Nacional eran absolutamente nulos y a fines de marzo de 2017 decidieron despojar la inmunidad parlamentaria de los miembros de la Asamblea Nacional y permitir al TSJ asumir el papel legislativo, hecho que fue cuestionado por la OFAC.
Por su parte, Canadá sancionó a ambos magistrados, Alfonzo y Delgado, el 22 de septiembre de 2017, al incluirlos en una lista de 97 personas venezolanas dedicadas a “actividades que directa o indirectamente socavan la seguridad, estabilidad o integridad de las instituciones democráticas de Venezuela y/o son alto funcionario” del actual o anterior del régimen de Maduro. Canadá aplicó medidas y prohibiciones contra estas personas identificadas.
Próximamente Maduro deberá considerar la situación de los funcionarios de su régimen en base al acuerdo del 23 de septiembre de parte de los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ya que a quienes estén incluidos en la lista no solo se les impedirá el paso, sino se procederá a su captura.
Historial del TSJ
El 6 de diciembre de 2015, la oposición al régimen comunista de Maduro ganó dos tercios de los diputados de la Asamblea Nacional. Maduro inició entonces una elección apresurada, por mayoría simple de los diputados, de trece jueces principales y tres jueces suplentes del TSJ, afirmando el control político, dice un informe de la Comisión de Juristas Internacionales publicado en agosto de 2017.
Antes de esa nueva elección de jueces, la Cámara Plenaria del TSJ aprobó las renuncias de trece jueces. Sin embargo, dos de los jueces que renunciaron –Carmen Elvigia Porras y Luis Ortíz Hernández– declararon más adelante ante la Comisión de Evaluación sobre la Designación de Magistrados del TSJ, que los trece habían sido presionados para renunciar y crear vacantes para jueces progubernamentales que serían nombrados antes de asumir la nueva AN.
Los primeros signos preocupantes de la pérdida de independencia del poder judicial venezolano se observaron en el año 2004, cuando el gobierno de Hugo Chávez emitió la Ley Orgánica de la Corte Suprema, que aumentó el tamaño del tribunal superior de 20 a 32 jueces, y estos debían ser elegidos por dos tercios de los parlamentarios de la Asamblea Nacional, dominada por el partido del gobierno.
Actualmente, la gran mayoría de los jueces del TSJ son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y/o exfuncionarios del gobierno. Muchos de ellos sostienen posiciones significativas en el TSJ. “Por lo tanto, de manera gradual pero constante, el partido del gobierno tiene control del TSJ y lo convirtió en un apéndice del poder ejecutivo”, sostiene el informe.
Según el análisis titulado ‘El TSJ condena sin delito y pruebas’, desde 2016 el tribunal emitió “decisiones por mera persecución política contra 18 alcaldes, 33 magistrados, 3 funcionarios de la Fiscalía General de la República, incluida la propia fiscal Luisa Ortega Díaz, y 27 diputados del Parlamento”.
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