La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú revocó este lunes la prisión preventiva y ordenó la comparecencia ante las autoridades para tres implicados en una presunta red de sobornos durante el gobierno del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
La orden de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses fue dictada contra la empresaria Sada Goray, Pedro Arroyo Marquina y Róger Gavidia Johanson, investigados por colusión y otros delitos en el denominado caso Fondo MiVivienda.
El tribunal concluyó que la medida impuesta es proporcional, pues los tres investigados tienen arraigo domiciliario, laboral y familiar, y no existen indicios en su contra que adviertan el peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación, señaló el Poder Judicial en su cuenta de X.
Añadió que, en el caso del periodista Mauricio Fernandini, el colegiado aplicó la figura de ‘sustracción de la materia’, es decir, no emitió pronunciamiento porque semanas atrás, la Sala Superior declaró fundado el cese de su prisión preventiva.
Hace aproximadamente un año, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Goray, Fernandini, Arroyo y Gavidia mientras eran investigados por su presunta participación en una red de sobornos en el Gobierno de Castillo.
Goray es investigada por presuntamente haber pagado, cuando menos, 4 millones de soles (poco más de un millón de dólares) a una red corrupta instalada en el Ministerio de Vivienda y Construcción, con el fin de lograr la adjudicación de obras para su empresa inmobiliaria.
Fernandini, un periodista televisivo y radial muy conocido en su país, es acusado de haber sido intermediario en el pago de los sobornos entre Goray y Salatiel Marrufo, un exasesor del exministro de Vivienda Geiner Alvarado.
Según medios locales, tanto Goray como Fernandini se han acogido a la figura de la «colaboración sincera» con la Fiscalía para intentar obtener unas condenas menos severas.
El expresidente Castillo cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por ser el presunto líder de esta organización corrupta, a la vez que también tiene otra orden de 18 meses de cárcel preventiva por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, después del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
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