Grupos de derechos humanos pidieron al G7 y a otros países que tomen medidas contra el crimen de sustracción forzada de órganos por parte del régimen chino a presos de conciencia vivos, en particular practicantes de Falun Gong.
Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos (DAFOH), con sede en Washington, y la Coalición Internacional para Acabar con los Abusos en los Trasplantes en China (ETAC) lanzaron una petición mundial destinada a romper “el gran muro de silencio construido por el Partido Comunista Chino (PCCh) en torno a la atrocidad” de la extracción forzada de órganos, según un comunicado del 22 de julio.
“Tras más de dos décadas de asesinatos a practicantes de Falun Gong por sus órganos en un implacable genocidio por desgaste, nos enfrentamos a una urgente cuestión de conciencia: ¿permaneceremos en silencio y envalentonaremos al perpetrador en Beijing, o adoptaremos una postura valiente y diremos con firmeza que ningún ser humano debe ser asesinado por sus órganos, y que no se debe permitir que ningún país, incluida China, se salga con la suya ante este crimen contra la humanidad?», declaró en un comunicado el Dr. Torsten Trey, director ejecutivo de DAFOH.
“Para que la dignidad humana prevalezca en este mundo, debemos poner fin a la sustracción forzada de órganos ahora”.
Las denuncias de sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Gong vivos detenidos en campos de concentración surgieron por primera vez en 2006, siete años después de que el PCCh lanzara una campaña nacional para erradicar el grupo religioso por temor a que la popularidad de la práctica amenazara su régimen autoritario.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, se dio a conocer al público chino en 1992. La práctica consiste en ejercicios lentos de meditación y enseñanzas morales basadas en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Según estimaciones oficiales, al menos 70 millones de personas se habían unido a esta práctica en 1999.
La persecución continúa sin cesar hasta el día de hoy, y millones de personas han sido detenidas en prisiones, campos de trabajo y otras instalaciones, con cientos de miles de torturados mientras estaban encarcelados y un número incalculable de asesinados, según el Centro de Información de Falun Dafa.
Beijing afirma desde 2015 que solo obtiene órganos de donantes voluntarios, pero los investigadores han rechazado esta afirmación desde entonces. Un estudio de 2019 publicado en la revista científica BMC Medical Ethics encontró pruebas contundentes de que el régimen chino había falsificado los datos de donación de órganos.
También en 2019, el Tribunal de China, con sede en Londres, concluyó que el régimen había estado extrayendo por la fuerza órganos de presos de conciencia durante años “a una escala sustancial”, siendo los practicantes de Falun Gong la principal fuente de órganos.
El PCCh ha estado ejerciendo su poder económico y diplomático para impedir que la gente denuncie la sustracción forzada de órganos. En una entrevista concedida el año pasado a NTD, medio de comunicación asociado de The Epoch Times, el Dr. Trey afirmó que el PCCh había puesto en marcha una “sofisticada red de influencia” para impedir que la información relacionada con los crímenes llegara al público.
Además del G7, la petición también pide a Argentina, Australia, India, Israel, México, Corea del Sur y Taiwán que tomen medidas para abordar el problema.
Los gobiernos deberían “emitir una declaración conjunta condenando la práctica [de la República Popular China] de la sustracción forzada de órganos, pidiendo su fin inmediato y la puesta en marcha de un plan de acción intergubernamental”, afirma la petición.
El plan de acción debe incluir medidas para proteger a los ciudadanos de recibir trasplantes en China, prohibir cualquier intercambio de prácticas relacionadas con los trasplantes con el país e iniciar audiencias parlamentarias anuales, según la petición.
Además, la petición pide que se inicien “investigaciones para determinar responsabilidades por cualquier acto contrario a las disposiciones de la Convención sobre el Genocidio cometido contra practicantes de Falun Gong, uigures y otras personas en la República Popular China”.
“El mundo debe dejar de hacer la vista gorda ante los crímenes contra la humanidad que se cometen en China. Se ha asesinado, y se sigue asesinando, a presos de conciencia inocentes para utilizar sus órganos en trasplantes”, afirmó en un comunicado Wendy Rogers, distinguida profesora de la Universidad Macquarie de Australia y presidenta del Consejo Asesor Internacional de ETAC.
“El G7 tiene la oportunidad de mostrar liderazgo en este asunto; les insto a que actúen”.
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