La Fiscalía de Perú pidió este lunes que se impongan 36 meses de prisión preventiva a la empresaria Sada Goray y al periodista Mauricio Fernandini, mientras son investigados por su presunta participación en una red de sobornos denunciada en el gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), informaron fuentes judiciales.
La solicitud fue presentada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ante el Octavo Juzgado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros, en agravio del Estado.
El Ministerio Público también pidió que se imponga la misma medida a los ciudadanos Luis Mesones Odar, Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johason, también investigados por este caso.
Goray y Fernandini fueron arrestados el pasado 7 de julio en Lima, después de que el juez Raúl Justiniano Romero, titular del Octavo Juzgado, dictó 10 días de detención preliminar ante un pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción.
La empresaria es investigada por presuntamente haber pagado, cuando menos, 4 millones de soles (poco más de un millón de dólares) a una red corrupta instalada en el Ministerio de Vivienda y Construcción, con el fin de lograr la adjudicación de obras para su empresa inmobiliaria.
Fernandini, un periodista televisivo y radial muy conocido en su país, es acusado de haber sido intermediario en el pago de los sobornos entre Goray y Salatiel Marrufo, un exasesor del exministro de Vivienda Geiner Alvarado.
Goray fue detenida en el aeropuerto internacional de Lima cuando retornó al país desde el extranjero, mientras que el periodista fue intervenido porque se encontraba cerca de la embajada de Estados Unidos.
Según medios locales, tanto Goray como Fernandini se han acogido a la figura de la «colaboración sincera» con la Fiscalía para intentar obtener unas condenas menos severas.
La semana pasada, el Ministerio Público informó en Twitter que ejecutó la orden judicial de incautación, allanamiento, descerraje y desposesión de la casa del empresario Alejandro Sánchez, ubicada en el distrito de Asia, en la provincia de Cañete, por el caso «Gabinete en la sombra».
Sánchez, prófugo de la justicia, es uno de los investigados por integrar una organización liderada presuntamente por Castillo mientras estuvo en el Gobierno (2021-2022), para adjudicar obras públicas a empresas de conocidos, cobrar cupos por la designación de ascensos en las Fuerzas Armadas y nombrar a conocidos, sin experiencia, en altos cargos públicos.
Junto con Sánchez están prófugos de la justicia el exministro de Vivienda Juan Silva y el sobrino de Castillo Fray Vásquez que, según denuncias periodísticas, estuvo oculto en la casa de playa en Asia.
Castillo cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por ser el presunto líder de esta organización corrupta, a la vez que también tiene otra orden de 18 meses de cárcel preventiva mientras se le procesa por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, después del fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
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