La Fiscalía de Perú ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y para el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, como parte de la investigación de una presunta red de tráfico de influencias.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público hizo este pedido contra el hermano de la presidenta, quien fue detenido en mayo durante una semana por este mismo caso, por la presunta comisión de delitos contra la tranquilidad pública y organización criminal en agravio del Estado, entre otros.
El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, afirmó a Canal N que la decisión del Ministerio Público no se justifica porque su patrocinado ha demostrado «todos sus arraigos» y que este pedido demuestra una «obsesión procesal» contra este.
«No hay ninguna razón que justifique la imposición de una prisión preliminar», dijo Vivanco.
La audiencia judicial donde se analizará esta solicitud fiscal se realizará este viernes a las 14:30 hora local (19:30 GMT).
La Fiscalía llamó a este caso ‘waykis en la sombra’ (amigos en quechua) y sostiene que los implicados forman parte de una presunta red dedicada al tráfico de influencias y la designación de prefectos y subprefectos (delegados del Gobierno en las regiones), en torno a la creación del partido Ciudadanos por el Perú.
Entre ellos, la tesis fiscal señala a Nicanor Boluarte como líder de esta presunta organización criminal al haber ejercido poder para instrumentalizar el aparato estatal en beneficio de dicha agrupación política.
Tanto él como Castañeda y otros implicados fueron detenidos el 10 de mayo al estar investigados en este caso y tras siete días, la Justicia resolvió dejarles en libertad por no haber riesgo de fuga ni de obstaculizar el proceso abierto en su contra.
«No existe evidencia objetiva alguna de que el investigado Nicanor Boluarte Zegarra pueda ser proclive a incurrir o estar en riesgo el peligro procesal, ya sea en su manifestación de fuga o de obstaculización del accionar de la Justicia, ameritando ello la revocatoria de este decisión», dijo la jueza en la audiencia realizada el 17 de mayo.
Nicanor Boluarte afirmó en la audiencia que no es parte de ninguna organización criminal y defendió su puesta en libertad al decir que su actividad económica puede probarse y que tiene arraigo familiar, puesto que vive con su hija universitaria y es él quien sostiene la economía doméstica.
«El tiempo y el proceso se encargarán de poner las cosas en su lugar», sostuvo el hermano de la mandataria.
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