El gobierno de Biden pidió el martes al Congreso que renueve una ley de vigilancia que expira a finales de año, calificándola de poderosa herramienta para defenderse de las amenazas extranjeras, a pesar de las críticas de que se ha convertido en la justificación a la que recurre el FBI para espiar a los estadounidenses.
La ley en cuestión, conocida como Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), autoriza al gobierno estadounidense a vigilar electrónicamente a extranjeros «que razonablemente se crea que se encuentran fuera de Estados Unidos» sin orden judicial, aunque estén en comunicación con estadounidenses. Esto permite a las agencias de inteligencia recopilar millones de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y videoconferencias obligando a proveedores de servicios de Internet como Verizon y AT&T a entregar los datos.
Según el último informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés), el FBI utilizó sus poderes de la Sección 702 para realizar casi 3.4 millones de búsquedas de datos de comunicaciones electrónicas de ciudadanos estadounidenses en el año 2021, casi el doble de los 1.3 millones de un año antes.
El FBI también utilizó la Sección 702 para legitimar su vigilancia sobre el equipo de campaña del presidente Donald Trump en 2016, en particular las conversaciones entre el asesor de seguridad nacional Michael Flynn y el entonces embajador ruso en Estados Unidos Sergey Kislyak.
En una carta (pdf) a los líderes del Congreso, el fiscal general Merrick Garland y la directora de Inteligencia Nacional Avril Haines dijeron que la Sección 702 se ha utilizado para identificar y proteger contra las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, incluidas las amenazas convencionales y cibernéticas planteadas por China, Rusia, Irán y Corea del Norte.
«También ha quedado claro que no hay forma de replicar la rapidez, fiabilidad, especificidad y perspicacia de la Sección 702», declararon los funcionarios del Departamento de Justicia.
La FISA, promulgada por primera vez en 1978, se modificó en 2008 para incluir el artículo 702. Los partidarios de esta disposición obtuvieron suficientes votos en el Congreso para prorrogar su vigencia en 2012 y 2018. En 2018, el Congreso aprobó otra prórroga de 6 años con 256 votos en la Cámara de Representantes y 65 en el Senado, aunque algunos republicanos se mostraron en desacuerdo con que el FBI citara la Sección 702 para justificar el espionaje a Michael Flynn.
«El sistema integral que el Congreso diseñó para garantizar que esta herramienta de inteligencia irremplazable proteja la privacidad y las libertades civiles de las personas estadounidenses ha funcionado», señala la carta del martes. «Cuando se han identificado incidentes de incumplimiento, se han tomado medidas correctivas para garantizar que la autoridad se está implementando de manera consistente con su alcance limitado».
El fiscal general adjunto, Matthew Olsen, también se mostró a favor de la renovación de la Sección 702 en un acto de la Brookings Institution.
«Si el Congreso no actúa para reautorizarla, y si la 702 expira o se debilita, Estados Unidos perderá información absolutamente crítica que necesitamos para proteger al país», dijo Olsen el martes.
«Lo hemos utilizado para identificar y desbaratar los esfuerzos de agentes extranjeros hostiles para reclutar espías en este país o para enviar agentes a Estados Unidos», dijo Olsen. «Y hemos recurrido a la 702 para mitigar y prevenir cibersecuestro de datos por parte de extranjeros y otros ciberataques contra infraestructuras críticas de Estados Unidos».
La forma en que el FBI utiliza la Sección 207 ha provocado el resentimiento de legisladores demócratas y republicanos, que piden una revisión o una derogación total de la FISA.
Pramila Jayapal (D-Wash.), que preside el Caucus Progresista del Congreso, calificó el comportamiento del FBI de «totalmente inaceptable» y un «gran ejemplo» de por qué la reautorización de la FISA debe incluir «reformas significativas para proteger los derechos de la Cuarta Enmienda».
En enero, el representante Andy Biggs (R-Ariz.) presentó un proyecto de ley (pdf) para poner fin a la FISA en su conjunto, acusando al FBI y a las agencias federales de inteligencia de utilizar «tácticas de miedo» para convencer al Congreso de que les otorgue «poderes sin control».
«No permitiré que el FBI haga un uso indebido de sus privilegiados poderes de espionaje para llevar a cabo una vigilancia corrupta de estadounidenses inocentes», afirmó el congresista.
El congresista Jim Jordan (R-Ohio) también ha expresado preocupaciones similares, declarando a Fox News el año pasado que la FISA debería dejar de existir para siempre. «Tenemos que hacer cambios en el proceso de la FISA. Creo que ni siquiera deberíamos volver a autorizar la FISA, que se va a plantear en el próximo Congreso», dijo.
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