Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense instaron este viernes a la comunidad internacional a continuar fiscalizando al régimen de Daniel Ortega, y destacaron el reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua que concluyó que la intensa represión ejercida por el régimen prácticamente ha conseguido eliminar todas las voces opositoras o críticas dentro de esa nación.
En un pronunciamiento, ese grupo de organismos instó a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas, impulsando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos en Nicaragua, así como tomar las recomendaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.
También garantizar un acceso justo a los procedimientos de identificación y determinación de estatus para los nicaragüenses afectados.
Asimismo, alertaron sobre las acciones del régimen encaminadas a exterminar las voces críticas organizadas de los pueblos indígenas y afrodescendientes a través de la imposición de gobiernos comunales, fraude electoral, forzar a concesiones mineras y la militarización en el territorio.
«Hacemos un llamado a los mecanismos de Naciones Unidas a estar alerta y monitorear la situación de la Costa Caribe en el marco de las elecciones regionales de este próximo tres de marzo, dada la represión, encarcelamiento y desaparición forzada de figuras políticas que ha antecedido este proceso», indicaron.
Además, esos organismos, entre ellos la ambientalista Fundación del Río y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, exhortaron a las víctimas de las violaciones de derechos humanos a denunciar sus casos ante el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Según el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por la ONU, el objetivo del líder Ortega es impedir el nacimiento de cualquier iniciativa destinada a movilizar a la ciudadanía.
«La persecución de personas opositoras o percibidas como tales se ha vuelto más sutil. Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización o iniciativa de movilización social», señala en un informe presentado en la víspera al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
«El presidente Ortega, la vicepresidenta (Rosario) Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional», indicó el presidente del grupo, Jan Simon.
El crimen consiste en perseguir a su propio pueblo, teniendo como blancos principales a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas, agregó.
Según el documento, la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua por los efectos que sufren los nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad y de documentos oficiales, a quienes se niega apoyo consular y se impide la reunificación familiar.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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