El fabricante estadounidense de armas Smith & Wesson solicitó el 8 de agosto a la Corte Suprema de Estados Unidos una «revisión inmediata» de su apelación en la demanda en curso de México por USD 10,000 millones contra empresas estadounidenses de armas de fuego.
La petición se hizo después de que el 7 de agosto un tribunal de primera instancia desestimara la demanda contra seis de las ocho empresas de armas de fuego en el juicio, que está pendiente en el tribunal federal de distrito de Massachusetts. La decisión dejó como demandados al fabricante de armas Smith & Wesson y al mayorista de armas Interstate Arms.
En la demanda, México reclama USD 10,000 millones de a las empresas de armas estadounidenses por inundar supuestamente el país con armas de fuego. México culpa a las empresas de una ola de crímenes violentos, diciendo que sus acciones beneficiaron a los cárteles criminales.
Aunque algunos activistas del control de armas acogen con satisfacción la demanda de México, los defensores de los derechos de las armas dicen que constituye una injerencia extranjera en los asuntos de EE. UU. y que tiene como objetivo paralizar la política de EE. UU. en materia de armas.
La industria de las armas de fuego de EE. UU. está paralizada y las protecciones de la Segunda Enmienda de las que disfrutan los estadounidenses debilitadas.
Las empresas de armas afirman que la demanda está prohibida por la Ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) de 2005, que se promulgó para proteger a la industria de demandas frívolas.
El Tribunal Supremo ya tiene previsto estudiar el 30 de septiembre si atiende el recurso de las ocho empresas de armas denominado Smith & Wesson Brands Inc. contra Estados Unidos Mexicanos.
La apelación se refiere a la decisión del 22 de enero de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Primer Circuito que permitió que la demanda siguiera adelante.
El juez de circuito William Kayatta escribió que, aunque la PLCAA limita las demandas que los gobiernos extranjeros pueden presentar ante los tribunales estadounidenses por daños experimentados fuera de Estados Unidos, México podía seguir adelante porque presentó un argumento plausible de que las empresas cometieron «violaciones a sabiendas de las leyes que regulan la venta o comercialización de armas de fuego».
México alega que el tráfico ilegal de armas hacia ese país está impulsado en gran medida por la demanda de armas de tipo militar por parte de los cárteles de la droga mexicanos.
Kayatta escribió que el aumento de la violencia armada en México en los últimos años «se correlaciona» con el aumento de la producción de armas en Estados Unidos que comenzó cuando la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos caducó en 2004.
El Primer Circuito devolvió el caso al juez de distrito Dennis Saylor de Massachusetts, quien había desestimado previamente la demanda contra las ocho empresas demandadas el 30 de septiembre de 2022.
Saylor determinó en 2022 que la PLCAA «prohíbe inequívocamente las demandas que pretendan responsabilizar a los fabricantes de armas de los actos de individuos que utilicen armas para los fines previstos».
Cuando Saylor volvió a examinar el caso el 7 de agosto, dictaminó que México no había presentado pruebas suficientes para demostrar que seis de las empresas estaban relacionadas con delitos con armas de fuego en México.
Los seis acusados que Saylor desestimó de la demanda son Sturm, Ruger & Co.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Glock Inc.; Colt’s Manufacturing Co. LLC; Century International Arms Inc. y Beretta U.S.A. Corp.
México indicó que podría apelar la decisión de desestimación.
Mientras tanto, esto significa que Smith & Wesson y Witmer Public Safety Group, que hace negocios como Interstate Arms, siguen siendo nombrados como demandados en la demanda pendiente en el tribunal de Saylor.
En la presentación del 8 de agosto, el abogado de Smith & Wesson, Noel Francisco, de Jones Day en Washington, dijo a la Corte Suprema que «la revisión inmediata… sigue siendo necesaria» porque Smith & Wesson e Interstate Arms «no se ven afectadas por» la decisión del 7 de agosto.
«Como resultado, México sigue persiguiendo la responsabilidad ‘conjunta y solidaria’ —por la suma de USD miles de millones, además de medidas cautelares de gran alcance— contra esos dos demandados», escribió Francisco.
Con la responsabilidad solidaria, un demandante que obtiene una sentencia contra los demandados colectivamente puede cobrar el valor total de la sentencia de cualquiera de los demandados.
«Así que, al igual que antes, los principales miembros de la industria estadounidense de las armas de fuego se enfrentan a años de costes de litigios y al espectro de una responsabilidad aplastante para el negocio», escribió Francisco.
«Y al igual que antes, la revisión de este Tribunal está justificada ahora, porque el Congreso dejó claro en la PLCAA que este tipo de guerra legal contra cualquier miembro respetuoso de la ley de la industria de las armas de fuego no tiene nada que hacer en los tribunales estadounidenses, y debe ser desestimada de inmediato».
Lawfare es el uso estratégico de procedimientos legales para socavar o frustrar los esfuerzos de un oponente.
México argumentó en un escrito que presentó ante el Tribunal Supremo el 3 de julio que la decisión del Primer Circuito era correcta.
La demanda debe seguir adelante porque las empresas «deliberadamente optaron por participar en una conducta ilegal… para beneficiarse del mercado criminal de sus productos».
Según el escrito, las empresas armamentísticas se equivocaron al argumentar que la perspectiva de que se les considere «responsables de negligencia y alteración del orden público» supone «una amenaza existencial para la industria armamentística».
La abogada de México, Cate Stetson, de Hogan Lovells en Washington, no respondió al cierre de esta edición a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Stephen Katte contribuyó a este artículo.
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