La Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia demandó este viernes dinero público para la búsqueda de desaparecidos del régimen paraguayo, tras concluir los trabajos de campo para analizar los restos óseos que aparecieron en una antigua vivienda del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989).
«Todo lo hacemos a pulmón, de mi salario y voy a ver si encuentro alguna voluntad política para esta causa», se quejó a Efe Agustín Goiburú, su director, poco antes de golpear las puertas de senadores de las comisiones Bicameral de Presupuesto y de Derechos Humanos en momentos en que sus miembros debaten las partidas nacionales para el año 2020.
Goiburú precisó que para emprender la búsqueda de desaparecidos necesitan entre 30.000 y 60.000 dólares al año, incluidos estudios genéticos que deban hacerse «necesariamente en Argentina» en los laboratorios de Antropología Forense, una institución creada en 1986 por organismos de derechos humanos del vecino país.
«Todos los años hacemos un plan operativo anual que nunca fue aprobado», insistió Goiburú, al recordar que lleva más de seis años reclamando recursos de forma infructuosa.
Precisamente debido a este inconveniente, la tarea de extracción de los de restos óseos de una antigua vivienda de campo del general Alfredo Stroessner en Ciudad del Este, a 330 kilómetros de Asunción, ha recaído en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.
«Extrajimos tres cráneos, dos fémures de personas distintas y un húmero que están en la Fiscalía, y la próxima semana vamos a estudiarlos para ver qué información nos aporta», afirmó Goiburú, hijo de un activista opositor desaparecido durante el régimen de Stroessner.
El forense y activista de derechos humanos comentó que «no hay certeza si los huesos son primarios de la zona», ya que durante la tarea de campo de esta semana no hallaron otras partes humanas que demostraran que fueran enterrados durante la Dictadura.
«No encontramos nada más, (los huesos) pueden haber sido llevados de otro lugar», apuntó Goiburú, al explicar que la propiedad de los herederos de Stroessner se encuentra invadida por 180 familias que hacen trámites para quedarse con ella, bajo el liderazgo de un referente popular de la zona.
La dependencia que dirige Gobiburú sucedió a la Comisión Verdad y Justicia que investigó los abusos de la Dictadura y cuyo informe final, divulgado en agosto de 2008 -dos años después de la muerte de Stroesner en su asilo de Brasil-, relevó la desaparición de 336 personas, la ejecución de 59 y el exilio forzado de 20.814 activistas sociales o políticos, en su mayoría a Argentina y Brasil.
Desde entonces, solo se ha recuperado 37 cuerpos de desaparecidos durante el período dictatorial, de los que la Dirección de Memoria Histórica y Reparación ha conseguido identificar a cuatro.
Los esqueletos de estos cuatro desaparecidos fueron hallados entre 2009 y 2013 en el predio de la Agrupación Especializada de la Policía, en Asunción, y entre agosto y septiembre de 2016 se dio a conocer su identificación.
Se trata de la italiana Rafaela Filipazzi, del argentino José Agustín Potenza y de los paraguayos Miguel Ángel Soler y Cástulo Vera, cuyos familiares recibieron las urnas de sus seres queridos en febrero de 2017.
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