Un grupo de familiares de detenidos en el contexto de un régimen de excepción en El Salvador pidieron este viernes la liberación de sus parientes «inocentes», especialmente de mujeres embarazadas y de niños que «están en diferentes cárceles del país».
Las personas, unas 60, se concentraron en el Monumento El Salvador del Mundo, en San Salvador, pero agentes de la Policía llegaron al lugar para solicitar su retiro, según lo denunciaron los manifestantes.
Uno de los familiares dijo a la prensa que «una niña recién nacida murió» en la Granja Penitenciaria Izalco, en el occidente del país, «a causa de una neumonía».
«Yo no estoy defendiendo delincuentes, ni ando contra la delincuencia. Le aplaudo (al Gobierno) que haya recogido (capturado) un montón de delincuentes, excelente. Pero, ¿qué pasa con los que están falleciendo?», manifestó.
Señaló que su hija lleva 15 meses en prisión y que no tienen «ninguna garantía que está viva».
Además, aseguró que en la Granja de Izalco «hay 150 niños y más de 30 mujeres embarazadas detenidos».
Luisa Hernández, por su parte, señaló a EFE que su hija, «una joven trabajadora, con principios y valores», fue detenida el 19 de enero pasado y es acusada de «ser pandillera y recoger renta (extorsión)».
«Mi hija ya va para seis meses detenida. Es una joven que tiene visa de trabajo y viajó a Estados Unidos por dos años y este año esperaba viajar, porque la empresa la volvió a llamar, pero desafortunadamente el 19 de enero la autoridades la llegaron a traer a su casa», dijo la mujer y aseguró tener las pruebas para «demostrar» la inocencia de su hija.
«Exigimos la libertad porque son personas que no tienen que pagar nada en una cárcel, no le deben nada a la justicia ni a la sociedad (…) El llamado es que gobiernen con justicia, con dignidad, porque están atropellando nuestros derechos y violentando nuestras garantías», agregó.
Al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, han fallecido en El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado durante la polémica medida de régimen de excepción, implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para ‘combatir’ a las pandillas.
Así lo ha registrado la organización humanitaria Cristosal en un informe presentado recientemente.
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