Los partidos Morado y Frente Amplio solicitaron la renuncia del congresista Édgar Alarcón a la presidencia de la comisión de Fiscalización, tras ser denunciado por presunta corrupción, así como del legislador Ómar Chehade, por haber promovido una criticada reforma de la inmunidad parlamentaria en Perú.
La bancada de Frente Amplio pidió al presidente del Congreso, Manuel Merino, la renuncia de Alarcón después de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó dos denuncias constitucionales contra el excontralor de la República.
Las denuncias contra Alarcón se refieren a las supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como contralor general entre 2016 y 2017 y se le investiga por los presuntos delitos de peculado doloso y enriquecimiento ilícito por los cuales enfrentaría una condena de 15 años de prisión.
La Fiscal de la Nación señaló que, en este caso, corresponde iniciar el procedimiento constitucional de antejuicio político contra Alarcón, parlamentario por el partido Unión por el Perú.
En ese sentido, el propio Alarcón informó que ha pedido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
«Reiteramos la petición, que a través suyo, se inste al congresista Édgar Arnold Alarcón Tejada a renunciar inmediatamente al cargo de presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, en tanto se esclarezcan las graves denuncias constitucionales formuladas en su contra», indicó el Frente Amplio.
Críticas a reformas en inmunidad
Por su parte, Morado pidió además la renuncia de Chehade a la presidencia de la comisión de Constitución, después de la ola de críticas contra el Parlamento por haber aprobado una reforma de la inmunidad parlamentaria diferente a la propuesta del Ejecutivo, que buscaba combatir la corrupción en ese poder del Estado.
«Sus bancadas deben designar reemplazos idóneos, sin cuestionamientos, que estén a la altura de las circunstancias», afirmó ese partido en un pronunciamiento.
Durante el debate de la reforma constitucional, varios partidos lanzaron la consigna de que la inmunidad no solo fuera eliminada para los congresistas, sino para cualquier alto funcionario del Estado, incluido el mismo presidente de la República.
La sugerencia fue recogida por el congresista de Alianza Para el Progreso (APP) y presidente de la comisión de Constitución, Ómar Chehade, que redactó de manera apurada una modificación del texto.
Primero eximió de responsabilidad a los congresistas de sus opiniones, votos y sobre cualquier acción en el ejercicio de su labor parlamentaria. Cualquier asunto penal solo podrá ser visto por la Corte Suprema.
Asimismo, invistió de poder a la comisión permanente del Congreso para acusar ante el pleno al presidente de la República, ministros y magistrados del Tribunal Constitucional «por cualquier delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado estas».
Estos cambios se realizaron en el Legislativo después de que el presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció que llevaría a referéndum la eliminación de la inmunidad parlamentaria tras la negativa inicial del Congreso de votar este tema.
El partido Morado ha solicitado también rectificar la votación sobre la inmunidad parlamentaria, ratificar los impedimentos para la postulación e incluir el voto preferencial en el debate del pleno que se realizará el lunes.
Denuncias contra exlegislador Fujimorista
Por su parte, las investigaciones de la fiscal de la Nación han avanzado igualmente sobre la gestión del anterior Parlamento, disuelto por el mandatario Martín Vizcarra en septiembre pasado, y en la víspera presentó dos denuncias constitucionales contra el excongresista fujimorista Héctor Becerril por presunto tráfico de influencias y organización criminal.
Becerril es denunciado por presuntamente haber aprovechado su cargo para que una municipalidad distrital pague una deuda a la empresa de uno de sus hermanos.
Asimismo, el exportavoz del partido Fuerza Popular, fundado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori, es investigado por supuestos vínculos con la banda «Los Temerarios del Crimen», encabezada por el exalcalde de la ciudad de Chiclayo David Cornejo, a cambio de beneficios económicos.
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