El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, dijo este domingo que su Gobierno «se ha preparado» para enfrentar posibles situaciones de violencia en marzo, cuando varias organizaciones sociales han convocado distintas marchas tras el fin del descanso estival.
«El Gobierno se ha preparado para resguardar (el) orden público e impulsar un marzo de acuerdos, para aumentar las pensiones, crear el ingreso mínimo garantizado y mejorar la salud», indicó en su cuenta de Twitter el gobernante, quien volverá esta semana al trabajo tras unos días de vacaciones.
La crisis que sacude al país desde octubre, la más grave desde Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de fallecidos y miles de heridos, ha bajado de intensidad en febrero -el mes elegido por la mayoría de los chilenos para vacacionar-, pero se espera que tome fuerza de nuevo en marzo.
Las protestas, que comenzaron en respuesta al aumento de la tarifa del metro y se convirtieron luego en una revuelta contra el Gobierno y por un modelo económico y social más justo, fueron multitudinarias y casi diarias al inicio, pero desde hace un par de meses se limitan solo a los viernes.
La tónica general de las manifestaciones, que han seguido concentrando a un número considerable de ciudadanos, es pacifica, pero durante estos meses se han registrado también múltiples episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.
«Acuerdos y no violencia es el camino», insistió Piñera, en referencia a los proyectos sociales que el Ejecutivo ha presentado en el Parlamento y que están pendientes de discusión.
La marcha del año pasado por el 8M congregó a más de 200.000 personas en Santiago y fue una de las más multitudinarias de la historia reciente del país, pero se espera que la concentración de este año sea todavía más masiva.
La Policía chilena desplegará el 8 de marzo en la plaza un contingente integrado en su mayoría por agentes mujeres, una medida inédita hasta ahora.
También está previsto que se manifiesten en marzo los estudiantes, los profesores, el movimiento contra las AFP -las polémicas empresas que gestionan las jubilaciones- y el pueblo mapuche, entre otros.
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