El plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden se enfrenta a otra demanda, esta vez por parte de un grupo de defensa de las pequeñas empresas que pide que se impida que la «acción contraproducente, inflacionaria e injusta» siga adelante.
El Fondo de Acción Legal (LAF) de la Fundación Red de Creadores de Empleo (JCNF) presentó la demanda este lunes ante la Corte del Distrito Norte de Texas, División de Fort Worth.
La Fundación Red de Creadores de Empleo es una «organización no partidista fundada por empresarios que creen que muchas políticas gubernamentales se interponen en el camino de la libertad económica que ayudó a que el país fuera próspero», según su página web oficial.
La demanda presentada el lunes (pdf) argumenta que el programa de Biden de cancelar miles de millones de la deuda de los préstamos estudiantiles viola los procedimientos de notificación y comentario de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), a través de los cuales la administración debería haber solicitado al público la opinión o los comentarios de este programa.
«El Departamento de Educación violó flagrantemente los requisitos de notificación y comentario de la APA. A puerta cerrada, el Departamento promulgó un nuevo programa de condonación de deudas que afectará a decenas de millones de estadounidenses y costará más de 400,000 millones de dólares», escribieron los abogados de los demandantes.
«En lugar de notificar y buscar comentarios del público, el Departamento elaboró los detalles críticos del Programa en secreto y con la vista puesta en asegurar la condonación de la deuda a tiempo para las elecciones de noviembre», afirma la demanda.
Toma de poder sin precedentes del ejecutivo
La demanda nombra al Departamento de Educación de EE. UU. y a Miguel Cardona, en su calidad oficial de secretario de educación, como demandados, y a Myra Brown y Alexander Taylor, dos personas que se han visto «perjudicadas por esta extralimitación ejecutiva arbitraria», como demandantes.
En una declaración del 10 de octubre, Elaine Parker, presidenta de la Fundación de la Red de Creadores de Empleo, calificó el rescate financiero de los préstamos estudiantiles de Biden como una «toma de poder sin precedentes del ejecutivo», que «no hace nada para abordar la causa fundamental de las matrículas inasequibles: las universidades codiciosas e infladas que aumentan la matrícula mucho más que la inflación año tras año mientras cuentan con USD 700,000 millones en dotaciones».
«Las universidades deben rendir cuentas por sus escandalosos precios de las matrículas», dijo Parker. «Las dotaciones de las universidades, no los contribuyentes, deberían ser responsables de ayudar a los estudiantes que se ahogan en la deuda».
El gobierno de Biden anunció en agosto que cancelaría hasta 20,000 dólares de deuda a los beneficiarios de las Becas Federales Pell y hasta 10,000 dólares de la deuda a los no beneficiarios de las mismas.
Los prestatarios con préstamos en manos del Departamento de Educación también pueden optar a la reducción de la deuda, siempre que ganen menos de 125,000 dólares al año. Lo mismo se aplica a los matrimonios que ganan menos de 250,000 dólares al año.
La administración señaló que los prestatarios con préstamos estudiantiles propiedad de entidades privadas tendrían derecho a un alivio de hasta 10,000 dólares o 20,000 dólares en la condonación del préstamo, siempre y cuando el prestatario consolidara su deuda en el programa federal de Préstamos Directos.
Sin embargo, Biden actualizó el programa el 29 de septiembre, reduciendo drásticamente la elegibilidad y, a partir de ahora, los prestatarios que tienen préstamos estudiantiles federales que son propiedad de entidades privadas y no del Departamento de Educación ya no calificarán para el programa de alivio.
Se acumulan las batallas legales
La nueva demanda es el último golpe al plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden, que actualmente se enfrenta a una serie de desafíos legales por parte de legisladores republicanos y grupos empresariales, quienes argumentan que la medida es ilegal.
Funcionarios de los estados de Arizona, Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur presentaron demandas contra la medida.
Los funcionarios de la Casa Blanca afirman que la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para los Estudiantes (HEROES) de 2003, otorga al Departamento de Educación la autoridad para cancelar gran cantidad de deuda para muchas personas durante una «guerra u otra operación militar o emergencia nacional», que en este caso sería por la pandemia de COVID-19.
«Al trasladar la carga a los contribuyentes, incluidos los que no fueron a la universidad o no pagaron sus préstamos estudiantiles, las universidades escapan a la responsabilidad por sus acciones que crearon la crisis de los préstamos estudiantiles», dijo Parker en su declaración del lunes.
“Se les da carta blanca para continuar con sus precios ridículos. Rescatar esta deuda solo elimina este problema. Al bloquear este rescate inflacionario de los contribuyentes, la demanda de la JCN puede sentar las bases para resolver realmente la crisis de la deuda estudiantil al responsabilizar a los autores universitarios”.
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