CIUDAD DE MÉXICO – Un plan del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, trasladaría hasta 31 agencias gubernamentales, y sus empleados, fuera de la capital a diferentes ciudades del país.
El plan, que busca promover un desarrollo parejo en diferentes regiones, podría llevar a un éxodo de 2,7 millones de trabajadores del gobierno y sus familias de la Ciudad de México según algunas estimaciones, aunque algunas otras más conservadoras lo sitúan en un nivel más bajo.
Aunque la política se conoce como “descentralización”, Dolores Franco, presidente del Colegio de Urbanistas de México, dijo a La Gran Época que considera que ese título es engañoso.
“Lo llaman descentralización, pero sería más preciso llamarlo desconcentración”, señaló. “Se trata de desconcentrar las actividades de la Ciudad de México, pero no necesariamente da más poder a los gobiernos estatales y municipales”.
Kristobal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) de la Ciudad de México, dijo a La Gran Época que la descentralización podría ayudar a promover el desarrollo en las regiones más pobres de México, un país que ha estado luchando durante mucho tiempo con la desigualdad geográfica.
“Hay mucha desigualdad en la distribución de los recursos en México”, enfatizó. “Casi todo el gobierno federal está concentrado en la Ciudad de México, y otros estados también deberían tener esa oportunidad”.
Meléndez dice que los planes para atraer inversión privada al sur de México tuvieron dificultades, y que el tipo de estímulo dirigido por el gobierno que ofrece la actual descentralización podría tener éxito.
“La Ciudad de México se encuentra en un nivel de desarrollo en el que puede competir con países europeos, mientras que algunos municipios de los estados pobres tienen niveles de pobreza similares a lugares de África”, agregó. “Es importante romper ese patrón, y una de las formas en que podemos hacerlo es a través de la descentralización, que traería oportunidades de trabajo a otros lugares”.
Meléndez, de manera más conservadora, estima que alrededor de 500.000 personas, en su mayoría empleados federales y sus familias, saldrán de la Ciudad de México como resultado directo del plan de descentralización. Es probable que la Ciudad de México sufra de alguna manera debido a la disminución implícita de la actividad económica, pero Meléndez dice que la ciudad más grande de América del Norte también podría verse beneficiada por la reducción de su población.
“La Ciudad de México está superpoblada, y eso causa problemas como la congestión del tráfico y la sobrecarga en el suministro de agua”, añadió. “Podríamos utilizar mejor los recursos que gastamos con esos problemas: habría menos gente y los que se queden tendrían una mejor calidad de vida”.
Reacciones mixtas
Por supuesto, muchos de los miles de empleados cuyos trabajos serán trasladados fuera de la Ciudad de México no querrán irse. Los trabajadores de la Secretaría de Cultura, que será la primera agencia gubernamental en trasladarse –a la ciudad de Tlaxcala– han reaccionado con enojo a la propuesta, organizando protestas fuera de la sede de la campaña de López Obrador.
María de los Ángeles Medina, presidenta del sindicato de trabajadores de la Secretaría de Cultura, se opuso al plan en una protesta.
“Los trabajadores no son accesorios que se pueden enviar a otro estado sin siquiera escuchar nuestras necesidades”, destacó.
López Obrador aclaró más tarde que el proceso de traslado de secretarías será gradual, y que los empleados no se verán obligados a mudarse. Pero la pérdida de empleos en la Ciudad de México será difícil de evitar.
Gene Towle, socio gerente de la firma de investigación de bienes raíces Softec de la Ciudad de México, se muestra escéptico de que el traslado de empleados del gobierno promueva el desarrollo de las ciudades que los reciban.
“Lo que genera desarrollo y riqueza no son necesariamente empleos gubernamentales, son los empleos productivos”, dijo a La Gran Época. “La pregunta es si esta es una estrategia que podría atraer a la gente a mudarse e invertir en estas comunidades en otro tipo de trabajos”.
Towle también piensa que, a pesar de las mejoras en la videoconferencia y otras tecnologías de comunicación, las ciudades capitales todavía sirven a un propósito importante, y dispersar a las oficinas gubernamentales por todo el país podría hacer que el gobierno mexicano sea mucho menos eficiente.
“Si se mira alrededor del mundo, no hay un solo país que haya hecho esto de manera efectiva”, dijo. “En 10.000 años de gobierno, la forma en que la mayoría de los gobiernos nacionales se organizan es tener los poderes del gobierno central en un solo lugar para que puedan coordinarse de forma barata y sencilla”.
Para que el plan funcione, Towle dice que sería necesario revertir las regulaciones federales y delegar poderes a los estados para evitar un alto costo social en tiempo y dinero de viajar entre diferentes ciudades para visitar las agencias gubernamentales.
Señaló que para que un empresario pueda abrir un hotel, necesita visitar nueve agencias gubernamentales diferentes para obtener permisos. Esta es una tarea razonable si todas esas agencias están ubicadas en la Ciudad de México, pero es considerablemente más difícil si están distribuidas en nueve ciudades diferentes alrededor del país.
“Lo que en un principio hubiera sido un viaje de dos días podría convertirse en un despilfarro de un mes”, dijo. “Pero si esto va acompañado de una desregulación significativa, una descentralización significativa de los poderes a las localidades para que no tengas que ir a los lugares, entonces podría funcionar”.
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