Las fuerzas del orden cortaron miles de plantas de marihuana que se cultivaban ilegalmente en parques estatales de California e incautaron 14 armas de fuego ilegales, entre ellas tres pistolas fantasma y dos armas de asalto —según un comunicado de prensa— de la oficina del gobernador Gavin Newsom del 16 de julio.
El gobernador dijo que está comprometido con apoyar el mercado legal de cannabis del estado y que la lucha contra el mercado ilegal es clave para lograr ese objetivo. El cannabis sin licencia es más barato, dijo, y por lo tanto está subcotizando la compra de cannabis legal en el estado, que es más caro, en parte porque está regulado y gravado.
«El mercado ilícito pone en peligro nuestras comunidades, nuestro medio ambiente y la creciente industria del cannabis legal y más seguro de California», dijo el Sr. Newsom. «El mercado legal de California también produce miles de millones de dólares para la economía de nuestro estado, y vamos a seguir apoyando a las empresas que se dedican a esta industria de la manera correcta, acabando con las operaciones criminales que socavan su éxito».
En las operaciones llevadas a cabo en dos parques estatales se retiraron más de 5200 plantas ilegales de cannabis. No se comunicó ninguna detención.
Los agentes incautaron ocho armas y cortaron 3584 plantas en el parque estatal de Saddleback Butte, en Antelope Valley, al noreste de Los Ángeles, en tres lugares de cultivo. Según las autoridades, las plantas pesaban unos 3000 kilos.
En el Parque Histórico Estatal Coronel Allensworth, al norte de Bakersfield, en el Valle Central, se incautaron seis armas de fuego y se destruyeron 1572 plantas que pesaban alrededor de 3757 libras.
Armando Quintero, director de Parques Estatales de California, dijo en el comunicado de prensa del gobernador que, como el sistema de parques más grande de la nación, los funcionarios son responsables de proteger los recursos naturales y culturales vitales y valiosos, incluida la eliminación de las plantas de marihuana.
«La prevención de los daños ambientales causados por el cultivo ilegal de cannabis dentro de los límites del parque y en la propiedad privada adyacente es una prioridad para nuestro equipo de aplicación de la ley», dijo. «También es un componente importante de nuestra estrategia general para mantener los parques y sus comunidades locales seguros y protegidos para las generaciones futuras».
Entre los organismos que participaron en las redadas se encontraban el Departamento de Control del Cannabis del estado, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, el Departamento de Justicia del estado y el Grupo Especial Antidroga de la Guardia Nacional de California, entre otros.
Desde enero, la Grupo Operativo Unificado para el Control del Cannabis del estado —que incluye a las agencias implicadas en las recientes redadas— incautaron lo que estiman son 120 millones de dólares en productos ilegales de cannabis, incluidas casi 73,300 libras de marihuana sin licencia.
No está claro cómo se determinó el valor de los productos de cannabis, ya que el precio en la calle de las libras cultivadas al aire libre oscila actualmente entre 300 y 400 dólares, pero la estimación proporcionada por el grupo de trabajo asciende a casi 1700 dólares por libra. Una solicitud de información sobre las estimaciones de precios no fue devuelta antes de la publicación.
Además, según el grupo de trabajo, se erradicaron 123,000 plantas cultivadas ilegalmente.
Nicole Elliott, directora del departamento de control del cannabis, dijo que las operaciones dirigidas a los lugares de cultivo ilegal continuarán, ya que el estado busca mitigar los cultivos sin licencia.
«La reciente operación… dirigida por el Departamento de Parques y Recreación de California subraya el firme compromiso del grupo de trabajo para proteger nuestro medio ambiente y apoyar la industria del cannabis con licencia en California».
El Sr. Newsom creó el grupo de trabajo en 2022 como una colaboración entre agencias policiales estatales, locales y federales para salvaguardar el medio ambiente, proteger a los consumidores y privar a los cultivadores ilegales de cannabis y a las organizaciones criminales transnacionales de los ingresos generados por la actividad ilícita.
Además, creó el Programa de Protección de Cuencas de Cannabis en 2019 para combatir la actividad ilegal del cannabis que afecta a las zonas que recogen o drenan agua en masas de agua, como ríos, lagos o arroyos, en todo el estado.
Según el comunicado de prensa, el gobernador dio instrucciones a una serie de organismos estatales para que «ataquen agresivamente a las empresas criminales organizadas» que se benefician de la producción ilegal de cannabis.
Las operaciones de cannabis sin licencia también preocupan a los funcionarios estatales porque a menudo utilizan pesticidas ilegales que pueden contaminar las vías fluviales y afectar al medio ambiente. En algunas de ellas también se detectaron importantes infracciones de la legislación laboral y trata de seres humanos, y se explota a trabajadores vulnerables e inmigrantes ilegales para obtener mano de obra barata, señala la oficina del gobernador en el comunicado de prensa.
Si bien el cultivo de cannabis en tierras públicas era común hace décadas en el norte de California, la llegada del cannabis medicinal legalizado en 1996 cambió el panorama empresarial y trasladó a muchos cultivadores de los bosques estatales y nacionales a tierras privadas a finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000.
Sin embargo, las nuevas regulaciones que surgieron en 2016 con la aprobación de la Proposición 64, que legalizó el cannabis recreativo pero aumentó significativamente las regulaciones sobre el cultivo, llevaron a algunos condados —incluidos Humboldt y Tehama, entre otros— a comenzar a utilizar tecnología satelital para identificar la actividad sin licencia y colocar embargos en propiedades con cultivos ilegales.
Varios cultivadores con y sin licencia del condado de Mendocino que hablaron con The Epoch Times bajo condición de anonimato dijeron que el proceso de concesión de licencias se convirtió en algo casi imposible de cumplir, y que la amenaza de embargos sobre las propiedades estaba haciendo que algunos cultivadores volvieran a los «viejos tiempos» de plantar en terrenos públicos.
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